Los diputados Roberto Arroyo (Indep) y Catalina del Real (Rep) presentaron un proyecto de ley que busca establecer nuevas exigencias para barberías, peluquerías y establecimientos afines, incorporando la obligación de acreditar antecedentes penales y situación migratoria regular del personal que presta atención directa al público.
La iniciativa propone modificar el Decreto Ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales, con el objetivo de condicionar el otorgamiento y renovación de las patentes comerciales al cumplimiento de estos requisitos.
En concreto, el proyecto establece que los titulares de los locales deberán mantener documentación vigente de sus trabajadores, incluyendo un certificado de antecedentes y, en el caso de ciudadanos extranjeros, un permiso de residencia o autorización para trabajar vigente.
Buscan reforzar la fiscalización
La propuesta surge en medio de la preocupación por el eventual uso de algunos rubros comerciales como fachada para actividades ilícitas.
Desde la Cámara Nacional de Comercio han advertido que el crimen organizado podría estar operando en distintos tipos de negocios, entre ellos barberías, ópticas, centros de estética y otros establecimientos, lo que motivó el impulso de nuevas herramientas de fiscalización.
Al respecto, el diputado Roberto Arroyo afirmó que la iniciativa no pretende afectar a quienes cumplen con la normativa. “Las barberías y peluquerías que cumplen la ley no tienen nada que temer, pero el Estado sí tiene el deber de exigir antecedentes mínimos cuando se trata de locales abiertos al público“, señaló.
Por su parte, Catalina del Real sostuvo que los municipios requieren mayores atribuciones para fiscalizar este tipo de establecimientos.
“Los municipios necesitan herramientas reales para fiscalizar y actuar cuando existen locales que funcionan al margen de la normativa. No podemos permitir que actividades comerciales legítimas sean utilizadas como fachada para incivilidades, irregularidades o situaciones que afecten la seguridad de los vecinos”, indicó.
Registro obligatorio y posible caducidad de la patente
El proyecto también establece que los titulares de las patentes deberán mantener un registro actualizado de todas las personas que atienden público en el local, el que deberá estar disponible para eventuales fiscalizaciones municipales.
Asimismo, contempla la caducidad de la patente comercial cuando se permita trabajar a personas que no cumplan con los requisitos establecidos o cuando el establecimiento no cuente con el registro obligatorio.
Finalmente, los parlamentarios señalaron que la iniciativa busca fortalecer la capacidad de fiscalización de los municipios sin perjudicar a quienes desarrollan esta actividad de manera formal y conforme a la ley, resguardando tanto a los vecinos como a los trabajadores y emprendedores que cumplen la normativa.
