Seis personas fueron formalizadas este jueves por su presunta participación en un esquema de adjudicación fraudulenta de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Metropolitano de Santiago en 2021, período en que Felipe Guevara (RN) ejercía como intendente. Según la Fiscalía Metropolitana Oriente, el perjuicio fiscal estimado supera los $750 millones.
Los imputados —Jorge Arcos Gatica, Jorge Castillo Urrutia, Jaime Bravo Puente, Manuel Zapata Vergara, Jorge Toro Henríquez y Cecilia Yáñez Vargas— fueron acusados de asociación ilícita, fraude de subvenciones y lavado de activos, tras detectarse millonarias adjudicaciones para supuestas clases masivas de zumba, spinning, entrenamiento funcional y programas de reinserción social que no fueron ejecutados ni rendidos adecuadamente.
“Los imputados habrían conformado una asociación ilícita dedicada a obtener recursos públicos mediante la postulación y adjudicación de proyectos que no se realizaron, causando un perjuicio millonario al Estado”, precisó el Ministerio Público en un comunicado.
En la audiencia de formalización, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Arcos Gatica, Castillo Urrutia, Bravo Puente y Zapata Vergara, mientras que Toro Henríquez y Yáñez Vargas quedaron con medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de contacto con los otros imputados.
Pericias y hallazgos en allanamientos
En el marco de las diligencias realizadas en conjunto con el OS7 de Carabineros, se ejecutaron órdenes de entrada y registro en distintos domicilios de los acusados. Durante los allanamientos se encontró pequeñas cantidades de cannabis en una vivienda, mientras que en otro domicilio se incautó un arma de fogueo adaptable para disparos reales.
La fiscal del caso, Constanza Encina, lideró la investigación y junto a su equipo presentó los antecedentes que permitieron sostener la formalización de los delitos y la solicitud de las cautelares más gravosas para los principales implicados.
“La Fiscalía Oriente reafirma su compromiso con la persecución de delitos que afectan el patrimonio fiscal y la transparencia en el uso de los recursos públicos”, concluyó el Ministerio Público en su declaración.
