En prisión preventiva quedó un hombre imputado por secuestrar, agredir y violar a su expareja en la comuna de Santa Bárbara, Región del Biobío, en un caso investigado por la Fiscalía en contexto de violencia de género.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos comenzaron el pasado 7 de julio, cuando la víctima llegó junto a sus padres hasta el domicilio del acusado, ubicado en el sector rural La Peña, para recuperar una motosierra que le había facilitado.
Tras entregar la herramienta a los padres de la mujer, el imputado le habría exigido que permaneciera en el inmueble para conversar y posteriormente le impidió salir del lugar. Según la Fiscalía, la víctima permaneció privada de libertad durante más de 15 días.
Víctima sufrió agresiones físicas y sexuales
Durante ese período, la mujer habría sido sometida de manera reiterada a amenazas y agresiones físicas y psicológicas. Entre las acciones descritas por la Fiscalía se encuentra el haberle rasurado la cabeza sin su consentimiento.
Además, el imputado habría utilizado un martillo y un alicate para agredirla, mientras que en otras ocasiones le lanzaba un palo de coligüe con una punta cortopunzante, a modo de lanza, que la víctima debía esquivar.
La investigación también establece que la mujer fue sometida a agresiones sexuales mediante violencia, fuerza e intimidación durante el tiempo que permaneció retenida.
La víctima finalmente logró escapar luego de que familiares acudieran al domicilio del acusado para informarle que su madre había fallecido.
Fiscalía investiga secuestro con violación
El Ministerio Público atribuyó al imputado responsabilidad como autor de los delitos de secuestro con violación, en contexto de violencia intrafamiliar y violencia de género, además de amenazas de muerte y lesiones.
Tras la audiencia, el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara decretó la prisión preventiva del acusado, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Finalmente, el tribunal estableció un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía finalice la investigación.
