El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de inaplicabilidad de inconstitucionalidad respecto a causas presentadas por la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda y de la trabajadora de la salud en Punta Arenas, Beatriz Valenzuela, quienes exigían la entrega total de sus fondos previsionales administradas por la AFP.
El Tribunal aceptó el recurso presentado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, respecto al “Decreto Ley 3.500, específicamente en sus artículos 23,34 y 51”.
El organismo rechazó ambos recursos de forma unámine con 9 votos a favor y 0 en contra.
Esto quiere decir que las antes mencionadas no podrán retirar sus fondos previsionales.
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