El presidente de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Bobadilla, junto con su par Ricardo Neumann, además del diputado por la Región de Los Ríos, Omar Sabat, anunciaron que como Bancada UDI presentarán durante esta jornada un proyecto de ley que busca extender la pérdida de la gratuidad en la educación superior a quienes ya reciben el beneficio en la actualidad y que sean condenados por delitos graves, todo ello a raíz de la agresión que sufrió este miércoles la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.
Al respecto, junto con condenar el “cobarde ataque” que sufrió la secretaria de Estado, los parlamentarios gremialistas hicieron referencia al proyecto de ley que presentó esta semana el Gobierno, denominado “Escuelas Protegidas”, donde se incluyó una histórica propuesta de la UDI que viene del año 2019 y que apunta a prohibir el acceso a la gratuidad a todos los secundarios condenados por hechos violentos.
Sin embargo, a raíz del episodio que vivió la ministra Lincolao, los diputados Bobadilla, Neumann y Sabat decidieron impulsar una iniciativa en los mismos términos, pero incorporando a los estudiantes universitarios en dicha inhabilidad, de tal manera que también pierdan el beneficio en caso de participar en delitos violentos, incluyendo a quienes actualmente ya tienen gratuidad.
“Lo venimos advirtiendo desde el año 2019 y así lo hemos reiterado a lo largo de esta semana: es completamente inaceptable que con los recursos de todos los chilenos se estén financiando los estudios de quienes, lejos de contribuir, se han dedicado a destruir la educación de nuestro país. La gratuidad no puede convertirse en un beneficio que esté desligado del comportamiento de las personas”, manifestaron los parlamentarios UDI.
En esa línea, los diputados Bobadilla, Neumann y Sabat explicaron que la iniciativa incorporará una nueva causal de pérdida del beneficio de la gratuidad, aplicable a aquellos estudiantes universitarios que sean condenados por “delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la propiedad o la infraestructura pública”, en concordancia con el proyecto que ingresó esta semana el Ejecutivo.
Así, los parlamentarios agregaron que “lo ocurrido con la ministra de Ciencia es una señal de alerta que no podemos relativizar ni dejar pasar”, indicando que “si queremos erradicar la violencia en los espacios educativos, también debemos establecer consecuencias claras para quienes la ejercen”.
