En medio del fuerte aumento en los precios de los combustibles, se presentó una propuesta de reforma constitucional que busca suspender los beneficios asociados a transporte y movilidad de altas autoridades del Estado, en una señal de austeridad frente al impacto económico que enfrenta la ciudadanía.
La iniciativa anunciada por el senador Karim Bianchi surge en un contexto marcado por el encarecimiento del petróleo a nivel internacional, lo que ha repercutido directamente en los costos de traslado tanto de personas como de bienes en el país.
Medida apunta a eliminar privilegios en tiempos de crisis
El planteamiento establece que, mientras se mantengan los altos precios de los combustibles, las principales autoridades deberán financiar sus desplazamientos sin recurrir a recursos fiscales.
Entre los cargos considerados se encuentran el Presidente de la República, ministros, parlamentarios, integrantes del Poder Judicial, Ministerio Público y otros organismos autónomos.
La propuesta se fundamenta en la necesidad de que quienes ejercen funciones públicas compartan los efectos de la crisis, evitando diferencias con la ciudadanía en el uso de recursos del Estado.
Suspensión de asignaciones y control fiscal
“Mientras se mantenga la situación de alza extraordinaria en los precios de los combustibles informada por el Ministerio de Hacienda, y por un plazo mínimo de seis meses contados desde la publicación de la presente reforma, se suspenderá la totalidad de los pagos por concepto de asignaciones de movilización, gastos de transporte, combustibles, peajes y mantenimiento de vehículos motorizados”, señala la reforma.
Además, se plantea que el Ministerio de Hacienda entregue reportes periódicos al Congreso respecto del ahorro generado y el comportamiento del mercado de combustibles, con el fin de evaluar la continuidad de la medida.
La iniciativa se instala así en el debate público como una respuesta frente al escenario económico actual, marcado por la presión sobre los hogares y el llamado a mayores señales de responsabilidad fiscal desde el Estado.
