La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto que establece multas por no votar a quienes tienen nacionalidad chilena, en el marco del retorno al voto obligatorio. La moción, presentada por Joanna Pérez (Partido Demócrata), establece sanciones que van desde los $33.000 hasta los $210.000. Por tratarse de una versión modificada, deberá volver a ser discutida en la comisión de Gobierno Interior.
El texto fue visado con 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones, en una votación que dividió a los bloques políticos. La iniciativa excluye del castigo a los extranjeros avecindados en Chile, quienes mantienen su derecho a sufragio. Sin embargo, en paralelo, en la comisión de Gobierno Interior se discute otro proyecto —ya aprobado por el Senado— que establece sanciones para todos los electores habilitados, incluyendo a los extranjeros.
Rechazo del oficialismo por “doble estándar”
La medida fue criticada por parlamentarios del oficialismo, quienes acusan cálculos electorales detrás del proyecto. Jorge Brito (FA) cuestionó que “la multa de hasta $204 mil no va a sanar la relación de la ciudadanía con la política”. En tanto, Luis Cuello (PC) advirtió que “es una propuesta improvisada, que busca un punto político. Las multas serán ineficaces si no existe un sistema moderno para cursarlas”.
Desde el Partido Liberal, Luis Malla sostuvo: “¿Le dejaríamos la llave de la casa a alguien que apenas conocemos? No basta con decirle a los extranjeros ‘voten no más’ mientras a los chilenos se nos multan con sanciones elevadas”. A su juicio, el proyecto genera una asimetría inaceptable entre ciudadanos y extranjeros.
Oposición acusa “cálculo electoral” del Gobierno
Desde la oposición respaldaron la moción y apuntaron directamente al Ejecutivo. Andrés Longton (RN) lamentó la ausencia del ministro Álvaro Elizalde en la sesión y denunció que “el Gobierno está incumpliendo un mandato constitucional deliberadamente, por ambición de poder”.
Henry Leal (UDI) fue más allá y planteó que “un voto sin multa es un voto voluntario, y eso no lo compartimos”. A su vez, la autora de la propuesta, Joanna Pérez (Partido Demócrata), defendió el texto indicando que “es un proyecto intermedio que excluye a los extranjeros, como quería el Gobierno, pero la izquierda se niega porque está con la calculadora en mano”.
El proyecto será revisado nuevamente en la comisión de Gobierno Interior, donde se espera que se analicen mecanismos de implementación y detalles sobre el proceso de notificación de las multas.
