Uno de las situaciones que más preocupa a los chilenos, es la delincuencia y la crisis de seguridad. Por lo mismo, especialistas se reunieron a debatir sobre como tratar la polémica en torno a aumentar las atribuciones de los guardias municipales.
Pablo Zalaquet conversó sobre este desafío en ‘Con diálogo es distinto’ junto a Carol Bwon, alcaldesa de San Miguel, junto a sus pares de Quilicura, Paulina Bobadilla, Fares Jadue (Recoleta) y Juan Pablo Olave, Alcalde de Isla de Maipo y vicepresidente de AMUCH.
En ese contexto, la alcaldesa Bown se refirió al proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso que busca dar solución a la disyuntiva, señalando que “lo bueno es que va a permitirnos contratar gente. Poder contratarlos y que puedan tener seguros. También que haya sanciones para aquellos que agredan a un guardia municipal”.
Mientras que su par de Recoleta destacó que “viene a formalizar una actividad que los municipios ya están haciendo, el patrullaje preventivo lo hemos implementado hace rato hartos municipios, nos permite fortalecer la institucionalidad de seguridad pública. Viene a fortalecer los temas de coordinación con las policías”.
Mientras que la alcaldesa Bobadilla comentó que “hemos salido a la calle a trabajar y lo que necesitamos es que los funcionarios tengan un escalafón de acuerdo al trabajo que están realizando. Hoy lamentablemente no tienen un seguro social, ni un buen sueldo y eso dificulta la contratación también. Esto viene a reforzar la contratación de nuevos funcionarios al área de seguridad”.
En la misma línea, el alcalde Olave subrayó que “lo bueno es establecer agravantes a quienes agredan a un funcionario municipal. Los funcionarios municipales son los primeros en llegar a la mayor cantidad de las emergencias, antes de llegar Carabineros, ellos hacen maravillas. También creo que es positivo abrir el debate respecto a que puedan existir elementos de protección personal”.
Por otro lado, al referirse a los puntos a mejorar o a incorporar en proyecto, la alcaldesa de San Miguel expresó que “una es poder contar con mayores herramientas para poder protegerse. Se están enfrentando muchas veces a armas blancas. Necesitan herramientas, capacitación y garantías, para poder hacer uso de herramientas no letales”.
“También tenemos mucho consumo de alcohol y drogas en plazas, si se pudiese hace control de identidad para pasar multas, ayudaría mucho a combatir esas incivilidades”, agregó.
Por su parte, el alcalde Fares Jadue señaló que “lo más complejo es el financiamiento, ahí está la mayor dificultad. Cuando veo que los municipios no van a tener los recursos para tener este estándar. Puede que haya municipios que puedan tener los recursos para tener ese estándar”.
“Lo primero es que hay que disponer de los recursos para que todos los municipios tengan esa misma condición, como cámaras de seguridad obsoletas que deben modernizarse. La ley sin recursos no va a servir”, sentenció.
En la misma línea, Bobadilla expreso que “si no tienes recursos, vas a depender de los recursos económicos que tenga cada uno de los municipios. Mil millones para todos los municipios de Chile no sirven de nada. Aplaudo la iniciativa, pero sin recursos, es una ley muerta, porque no se va a poder llevar a cabo”.
“Va a depender de las voluntades políticas también de cada uno de los municipios y por los recursos que cada uno tenga, o a lo que cada uno le quiera dar prioridad”, añadió.
Finalmente, el edil de Isla de Maipo sostuvo que “la propuesta sería a lo mejor crear un fondo común de seguridad. Porque o si no vas a dejar a Vitacura con muchas más herramientas que una comuna rural como Graneros”.
“Lo cinco millones de pesos anuales que entrega esta ley realmente son una burla. Son 400 mil pesos mensuales, tú no pagas ni el sueldo mínimo de un funcionario a honorarios”, criticó.
