La Contraloría General de la República inició una investigación especial a raíz de la pérdida de más de 1,2 millones de dosis de vacunas contra la influenza, que no fueron utilizadas durante la campaña 2024 del Ministerio de Salud.
Este caso ha generado fuertes cuestionamientos, ya que la cifra corresponde al 12,6% del total de vacunas adquiridas, involucrando directamente a la Subsecretaría de Salud Pública, encabezada por Andrea Albagli.
La fiscalización fue solicitada por el diputado Daniel Lilayu (UDI), integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, quien manifestó preocupación por un eventual mal uso de recursos públicos.
Según el documento ingresado por el parlamentario, el objetivo es establecer si existió un “gasto innecesario o injustificado contrario a los principios de eficiencia y eficacia que deben regir en la administración pública”.
Desde el Ministerio de Salud señalaron que la campaña logró inmunizar a 8,3 millones de personas, lo que representa una cifra histórica. Además, justificaron el excedente de dosis como parte de una compra adicional en un contexto de alta incertidumbre sanitaria, con el fin de asegurar el stock necesario.
Sin embargo, Lilayu cuestionó esta explicación y afirmó que el vencimiento de esta gran cantidad de vacunas “no puede considerarse un hecho común”. A su juicio, el incidente podría reflejar “una gestión claramente deficiente en un plan que es fundamental para la salud pública del país”.
La Subsecretaría de Salud Pública aseguró estar colaborando con el proceso de fiscalización y reiteró que este tipo de revisiones forman parte de los controles rutinarios que enfrentan los servicios del Estado.
