Este jueves la Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que se concluye que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, habría excedido sus atribuciones tras exigir la nómina de agentes de la PDI asignados a una causa de carácter reservado.
La situación surge como un dictamen sobre el requerimiento formulado por la exautoridad mediante un oficio reservado a la PDI, el cual habría sido emitido el 13 de marzo de 2026, dos días después del cambio de mando.
En este se habría solicitado un informe completo y detallado sobre los datos del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, que está ligada a la investigación de una causa que estaba en curso.
A juicio de la Contraloría, y según se afirma en el dictamen “tal exigencia se refirió a datos personales, antecedentes de desempeño, administrativos y eventualmente penales de funcionarios públicos específicos”.
Lo anterior, “excede la facultad general de requerir informes en cuanto dichos informes deben ser necesarios para la planificación de sus funciones y atribuciones”, afirma la Contraloría.
“Se concluye que la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”, se agrega.
En el documento incluso subrayan que “No se advierte de qué manera los requerimientos específicos aludidos puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes”.
