Este martes, en el marco de la discusión de la ley de presupuesto 2025, la Cámara de Diputados aprobó una indicación en la partida de Presidencia que obliga al Presidente de la República, así como a sus ministros y subsecretarios, a realizarse exámenes de detección de drogas de manera obligatoria.
Ante esta medida, el Ejecutivo presentó una reforma de constitucionalidad, lo que los diputados del partido Demócratas calificaron como una pésima señal para la población.
“Hoy en día, los parlamentarios nos sometemos al test de drogas y creemos que ninguna autoridad debe estar exenta de este tipo de control, especialmente cuando estamos combatiendo el narcotráfico y el crimen organizado”, declaró la diputada Joanna Pérez.
“Ninguna autoridad, ni el Presidente ni los ministros, deben estar por encima de esta revisión. Esperamos que mañana esto sea reconsiderado por el Gobierno y se impulse”, agregó.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto fue más crítico y afirmó: “Es un doble discurso absoluto del Gobierno presentar una reserva de constitucionalidad para evitar que las autoridades del Estado se sometan a un test de drogas. El Congreso ha dado una señal clara, potente y transversal”.
“No debe haber ningún tipo de beneficio para las autoridades del Estado que consuman drogas, y por eso creemos que los exámenes deben ser permanentes, para garantizar que las decisiones del Estado sean las correctas”, añadió.
Finalmente, la diputada Erika Olivera concluyó: “Francamente, esta medida no tiene explicación. Atenta contra la democracia y va en contra de la lucha contra la delincuencia, debemos ser serios y no dejar espacio para que el crimen organizado extienda sus tentáculos”.
“La reserva de constitucionalidad que ha presentado el Gobierno es una pésima señal para la población”, cerró.
