En un oficio dirigido al Ministerio de Salud, la diputada María Luisa Cordero (RN) solicitó información detallada sobre el proceso de evaluación para incorporar la dermatitis atópica (DA) a la Ley Ricarte Soto y al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES). Según expuso, el sistema público no está respondiendo a una enfermedad que afecta gravemente la calidad de vida de niños, adolescentes y adultos.
“Estamos frente a una enfermedad invisible para el sistema público, pero profundamente desgastante para quienes la enfrentan. No es admisible que familias enteras deban endeudarse cada mes para costear tratamientos que superan incluso el salario mínimo”, declaró la diputada, quien integra la Comisión de Salud de la Cámara.
Impacto físico, emocional y económico
La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel con alta prevalencia en la población, pero sin cobertura integral en el sistema público. El oficio de la parlamentaria también considera el testimonio de pacientes y reportajes recientes, como el emitido por TVN el pasado 18 de julio, que dan cuenta del sufrimiento físico y emocional, además del alto costo económico asociado a la condición.
Además, la diputada Cordero solicitó al Minsal que informe si existe un catastro nacional de pacientes con DA moderada o severa, y qué medidas se han considerado para abordar los costos indirectos, como el ausentismo escolar y laboral o el deterioro de la salud mental.
“El Estado no puede seguir ausente frente a una enfermedad que genera exclusión y sufrimiento. La salud pública tiene que dejar de mirar para el lado y responder con hechos a quienes viven con esta condición todos los días”, enfatizó la legisladora.
El objetivo de esta gestión es empujar una respuesta concreta y equitativa que permita a los pacientes —especialmente los más vulnerables— acceder a tratamientos adecuados y oportunos, sin que esto signifique endeudamiento o abandono.
