La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Marlene Pérez, anunció que convocará una sesión especial para abordar las graves denuncias contra el director del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Mejor Niñez), Claudio Castillo. La convocatoria será para la primera semana de mayo y en ella se citará a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y a la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, para esclarecer los hechos.
Denuncias de filtración de licitación
La denuncia surge tras una publicación en medios de comunicación, que reveló que en octubre de 2023, un mes después de asumir su cargo, Claudio Castillo habría compartido un borrador sobre una licitación de residencias para niños y niñas con una agrupación de organismos colaboradores del servicio, los cuales posteriormente se adjudicaron el concurso. Según los informes, la Mesa de Residencias recibió correos electrónicos con sugerencias que fueron incorporadas en la licitación. Tres fundaciones vinculadas a dicha instancia resultaron adjudicatarias de los contratos en Valparaíso y Santiago.
La diputada Pérez manifestó su preocupación por el posible conflicto de interés generado por esta filtración. “Es fundamental esclarecer esta grave situación. Ningún organismo público debe compartir las bases de un proceso licitatorio con las partes interesadas, pues esto genera un conflicto de interés”, dijo. Además, cuestionó la falta de atención a los niños, niñas y adolescentes vulnerados, señalando que los intereses de algunos organismos colaborativos han vuelto a poner en segundo plano las necesidades reales de los menores.
Recordatorio del escándalo anterior
Pérez también recordó el escándalo de 2022, cuando el Ministerio de Desarrollo Social tuvo que invalidar un concurso por $70 mil millones destinado a intervenciones ambulatorias de reparación y diagnósticos clínicos para más de 18 mil niños. El proceso fue criticado por la descoordinación entre los organismos involucrados, lo que generó problemas significativos en la gestión de las listas de espera.
Pérez cerró su declaración insistiendo en que el nivel de opacidad y los posibles conflictos de interés dentro del servicio dificultan el acceso a una atención especializada para los menores vulnerados. “Es urgente saber qué medidas tomará el Gobierno al respecto”, concluyó.
