La parlamentaria Karen Medina expresó su preocupación por la entrega de licencias de conducir a deudores de pensión alimenticia por parte de los municipios, calificando esta situación como inaceptable y contraria a la Ley 21.389, que establece restricciones en este sentido desde el año 2022.
A raíz de un informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR), se ha revelado que 243 de las 345 municipalidades del país habrían otorgado o renovado un total de 3.432 licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Además, el informe de la CGR revela que 65 funcionarios municipales habrían obtenido o renovado su licencia de conducir en el mismo municipio donde trabajan, a pesar de estar inscritos en el Registro de Deudores de Pensión de Alimentos. Asimismo, se ha detectado que 482 personas deudoras, familiares de funcionarios municipales, han obtenido o renovado su licencia de conducir en la municipalidad donde estos trabajan, incumpliendo igualmente con la normativa vigente.
“Es sumamente preocupante y grave que, a pesar de contar con una ley que establece la restricción para otorgar licencias de conducir a deudores de pensión alimenticia, los municipios estén incumpliendo sistemáticamente con esta normativa. Esto no solo refleja una falta de compromiso con el cumplimiento de la ley, sino que también pone en riesgo la efectividad de las medidas destinadas a proteger a los beneficiarios de pensiones alimenticias”, recalcó la parlamentaria.
En la misma línea, Medina enfatizó que “es esencial que se realicen cambios profundos en los sistemas de fiscalización y aplicación de la ley, con el fin de garantizar que las medidas establecidas en la normativa sean efectivas y respetadas”.
Finalmente, la diputada Medina destacó la importancia de hacer valer la normativa vigente y de velar por el bienestar de quienes se ven perjudicados por esta práctica indebida.
“Es necesario que las autoridades competentes tomen medidas concretas para corregir estas faltas y garantizar que situaciones como estas no se repitan en el futuro, asegurando así el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de los beneficiarios de pensiones alimenticias”, culminó.
