El diputado Andrés Longton (RN), presidente de la comisión investigadora por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, criticó duramente la respuesta del Presidente Gabriel Boric, quien envió una carta a la instancia parlamentaria en la que acotó su participación al inicio del proceso y a la firma del decreto.
“La respuesta del Mandatario está absolutamente alejada de la realidad“, aseguró Longton. Además, señaló que “lo más probable es que haya un pacto de silencio al interior del Gobierno para proteger a ciertas personas”, deslizando una acusación directa sobre cómo se manejó internamente esta operación frustrada.
Longton también se refirió a la situación de la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, quien fue clave en la revisión del decreto. “Si (Moya), que es su mano derecha, quien revisa los decretos para ponerlos en el escritorio del Presidente, y además es su íntima amiga y probablemente por eso sigue en su cargo, tenía la obligación de decirle al Presidente y no le dijo, o pasan dos cosas: o ella tenía que haber abandonado su cargo o si no lo abandonó es porque probablemente el Presidente sabía”.
El parlamentario recordó además los antecedentes entregados por la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien reveló que participaron 17 abogados en el proceso. “Cada uno de esos abogados debería haber abandonado su cargo. Si no cumplen los requisitos mínimos de diligencia para advertir una situación que varios funcionarios advirtieron, entonces claramente no estamos frente a un error, estamos frente a una operación avalada desde el más alto nivel”, sentenció.
La carta de Boric, enviada esta semana a la comisión, el diputado Andrés Longton asegura que “no tuvo conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales”, y que “una vez informado, instruyó detener el proceso” el pasado 3 de enero.
