El diputado del Partido Republicano e integrante de la Comisión Investigadora del Caso Casa Allende, Luis Fernando Sánchez, abordó esta mañana en La Mañana de Agricultura los últimos antecedentes que golpean no solo al Partido Socialista, sino que también al entorno presidencial, a raíz del escándalo por la fallida compra de la casa de Salvador Allende.
Sánchez calificó como “novedoso” el dato revelado por la conversación telefónica de Miguel Crispi, donde se señala la presión ejercida por la exsenadora Isabel Allende para concretar la compra. Si bien el diputado reconoció que ya intuían una actitud proactiva de Allende, sostuvo que “se van confirmando las cosas y, lo más grave, con ausencia total de colaboración por parte del Gobierno”.
En esa línea, denunció que el Ejecutivo ha puesto trabas a la labor de la comisión, restringiendo incluso la asistencia de funcionarios: “Solo les permiten asistir si van al lado del ministro”, relató, recordando que varios funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales rechazaron participar si no era en compañía del titular de la cartera.
“Ayudarnos a ayudarlos”
Sánchez hizo un llamado al gobierno a colaborar, afirmando que si finalmente se descubren responsabilidades sin cooperación institucional, “va a ser peor para ellos”. A su juicio, si hubo errores, lo correcto sería “reconocerlos, asumir las responsabilidades y pedir la renuncia a quienes correspondan”.
Sobre la indagatoria paralela a cargo del fiscal Patricio Cooper relacionada con el caso Procultura, el diputado aclaró que no son querellantes en esa causa, por lo que su información proviene de lo publicado en la prensa. Sin embargo, expresó preocupación por el escalamiento de la investigación hacia el presidente Gabriel Boric, afirmando que “da cuenta de algo que intuye la gran mayoría de los chilenos: que el Presidente está involucrado en estas gestiones”.
Respecto a las afirmaciones de Boric sobre su desconocimiento de las implicancias constitucionales de la compra, Sánchez ironizó: “Quizás no dio el examen de grado en su minuto, pero cualquiera que haya pasado por la Facultad de Derecho sabe más o menos las objeciones o prohibiciones”.
Medidas intrusivas y críticas del Gobierno
Consultado sobre las críticas del Gobierno a las medidas intrusivas solicitadas por el fiscal Cooper, el diputado fue enfático: “Las interceptaciones telefónicas son autorizadas por un juez. Aquí no hay arbitrariedad de la Fiscalía”. Agregó que “pretender que se les trate con guantes de seda por estar en el poder es impropio en una democracia”.
Sánchez subrayó que ningún funcionario, ni siquiera asesores presidenciales como Miguel Crispi, está exento de cumplir la ley: “Todos somos iguales ante la ley”.
Sobre la intención del ministro Álvaro Elizalde de solicitar una reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia, el parlamentario advirtió que “hay que tener mucha delicadeza y cuidado”, recordando la cercanía personal entre ambos y llamando a evitar “conductas impropias”.
¿Interceptar el teléfono del Presidente?
En cuanto a la polémica por la solicitud de interceptar el teléfono de Gabriel Boric, Sánchez sostuvo que si bien existen normas especiales que protegen al presidente, en esta situación particular “debe ser la Corte Suprema la que resuelva”. Reconoció que es un escenario inédito en Chile, y criticó que este tipo de situaciones “demuestran la descomposición de la Presidencia bajo el mando de Gabriel Boric”.
Finalmente, Luis Fernando Sánchez advirtió que de no corregirse las irregularidades y falta de transparencia, este tipo de medidas “podrían empezar a solicitarse con mayor regularidad respecto al Presidente”, y enfatizó la necesidad de que todos los actores respeten la ley y la Constitución.
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