El anuncio del Plan de Acción Seguridad y Convivencia Educativa por parte del Gobierno, que contempla patrullajes policiales preventivos en las cercanías de colegios, generó inmediatas reacciones en la Comisión de Educación de la Cámara. Diputados de oposición criticaron que la estrategia no aborda el problema con la profundidad que requiere y pidieron al Ejecutivo avanzar en soluciones con base técnica y participación multisectorial.
El plan, presentado por el ministro Nicolás Cataldo, surge tras el ataque armado que dejó tres estudiantes heridos en el colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz el pasado 29 de mayo. Entre sus medidas figura la implementación de Patrullajes Preventivos Inteligentes (PPI) en 44 comunas, articulados con gobiernos regionales y municipales, con el objetivo de recuperar entornos escolares.
Llamado a una mesa técnica sin sesgo ideológico
Desde la oposición, la diputada Marcia Raphael (RN) señaló que el enfoque del Gobierno es insuficiente y llamó a conformar una mesa de trabajo con especialistas:
“Hace una semana, junto al diputado Schubert, le escribimos una carta al Presidente Boric proponiendo acciones como la coordinación entre los ministerios de Educación, Seguridad y también Deporte. Solicitamos la creación de una mesa con expertos para generar medidas concretas sin sesgos ideológicos ni acciones sin sentido común”, recalcó.
En la misma línea, el diputado Stephan Schubert (Partido Republicano) expresó que la propuesta actual del Ejecutivo es parcial y limitada:
“La medida que se ha anunciado me parece que será parcial en cuanto al alcance y, además, es solo una medida. Nosotros creemos que hay que detenerse y considerar distintas alternativas, desde una mirada integral”, sostuvo.
Schubert reiteró que ya había solicitado la creación de una comisión de expertos compuesta por profesionales de áreas como educación, desarrollo social y deporte, junto con representantes de asociaciones de municipalidades:
“Con una mirada técnica y en conjunto, se podrían buscar mecanismos diversos que permitan devolver la seguridad a los establecimientos educacionales”, añadió.
Fundación advierte sobre estigmatización
Desde la sociedad civil, Pamela Pizarro, directora ejecutiva de la Fundación Una Mirada, valoró la intención preventiva del plan pero mostró reparos:
“Valoramos toda medida que apunte a la prevención, pero consideramos que sin un plan integral que involucre activamente a toda la comunidad educativa, los conflictos persistirán”, indicó.
Pizarro advirtió que el despliegue policial en torno a escuelas vulnerables podría reforzar estigmas, y subrayó que la familia debe tener un rol central en cualquier estrategia de convivencia escolar:
“Nos parece grave que el Estado omita el rol fundamental de la familia. La construcción de una buena convivencia escolar requiere que la familia sea parte activa de los planes de intervención, junto al alumnado, docentes y equipos de apoyo”, señaló.
Con estos planteamientos, los diputados de la Comisión de Educación y organizaciones como Una Mirada instan al Gobierno a repensar su enfoque actual y priorizar una solución de largo plazo, con participación amplia y medidas estructurales para enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales.
