La Bancada de Diputados de Renovación Nacional, encabezada por Ximena Ossandón y Hugo Rey, han solicitado al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) evaluar el rumbo del organismo y la necesidad de cambiar la dirección del mismo.
Esta solicitud se presenta tras la decisión judicial que declaró inadmisible la querella presentada por el INDH por el delito de tráfico de influencias, en relación con la designación de la jueza María Teresa Letelier como Ministra de la Corte Suprema. Dicha inadmisibilidad ha sido interpretada por los legisladores como un golpe significativo a la credibilidad y prestigio del Instituto.
En el escrito, se argumenta que la acción del instituto fue ampliamente cuestionada, lo que llevó a solicitar la remoción de consejeros del INDH y a presentar una querella por prevaricación administrativa. Asimismo, se solicitó a la Contraloría General de la República un dictamen sobre la conformidad del INDH con el marco normativo de la ley Nº20.405, cuestionando posibles infracciones a la probidad administrativa y el uso irregular de recursos públicos.
Los diputados RN también critican la defensa de la directora Consuelo Contreras, quien, “no perdió oportunidad para defender la decisión del Consejo y de argumentar en base a tratados internacionales y otras fuentes de escaso valor normativo.” Esta defensa ha sido vista como una desviación del mandato legal del Instituto y ha generado críticas incluso desde el oficialismo, que cuestionan la legalidad y prudencia de tales acciones, afirman los parlamentarios.
El oficio enviado por los parlamentarios destaca que, “la decisión del tribunal de garantía de declarar inadmisible la querella parece poner una lápida en la imagen del Instituto frente a la ciudadanía,” resaltando que el INDH se ha percibido como un órgano sesgado políticamente.
Además, los diputados enfatizan que, “la decisión de deducir por primera vez una querella de esta naturaleza, en el marco de la elección municipal de la comuna más simbólica del país, es simplemente un corolario de lo que ha sido una gestión que violenta el mandato de promoción y protección de los Derechos Humanos.”
Tras conocerse el revés judicial, la jefa de bancada, Ximena Ossandón resaltó la necesidad de que Contreras dejara el instituto: “Se confirma que el INDH ha impulsado persecuciones penales antojadizas, desde la estructura y los recursos del Estado. Uno esperaría que después de este bochorno la directora del consejo de un paso al costado y asuma su responsabilidad en la defensa de una medida que termina poniendo una lápida en la apreciación social del INDH y su legítimo rol de promoción de los Derechos Humanos.
