Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Diego Schalper, ingresaron dos requerimientos ante la Contraloría General de la República solicitando auditorías completas: una sobre las pensiones de gracia entregadas a supuestas víctimas del estallido social y otra sobre los millonarios sueldos pagados en la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Respecto de las pensiones de gracia, los parlamentarios advirtieron que “el episodio de las pensiones de gracia es un punto oscuro en el manejo de los beneficios fiscales de nuestra institucionalidad y en particular respecto de aquellos que concede el Presidente de la República”.
Los legisladores recalcaron la gravedad de los hallazgos, mencionando que “a más de un año de emitido el informe, aún persisten observaciones sin subsanar, lo que demuestra una negligencia en el actuar de los organismos involucrados”.
En paralelo, los diputados Longton y Schalper solicitaron fiscalizar las remuneraciones de la Subsecretaría de Seguridad Pública, que en conjunto superan los $105 millones mensuales.
“Estas elevadas remuneraciones no se condicen con los resultados en materia de seguridad que saltan a la vista de todos los ciudadanos y son claramente no satisfactorios”, enfatizaron.
En ese sentido, subrayaron que “varios funcionarios ganan incluso más que el propio ministro del ramo. Entre los sueldos cuestionados destacan los $10.217.749 del subsecretario Rafael Collado y cifras entre $8,2 y $9,3 millones para jefes de división”.
“Estamos hablando de cuantiosos recursos fiscales y de un proceso que debe ser revisado en su totalidad para garantizar transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos públicos”, concluyeron, solicitando que la Contraloría sustancie los procedimientos administrativos correspondientes e informe los resultados a la Cámara de Diputadas y Diputados.
