El diputado Andrés Longton (RN), junto a su par Eduardo Durán (RN) y representantes del movimiento No Más Víctimas, criticaron duramente al Ejecutivo por “mantener congelado” el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), pese a la urgencia que representa para la ciudadanía ante el aumento de delitos violentos protagonizados por menores de edad.
“Otra vez, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente no va a alcanzar a ser discutida. Se ha intentado mucho, no logra entrar en tabla. ¿Cómo se explica finalmente que esto no pase? A ver, es una lástima. Yo por lo menos ya no creo en la casualidad. Y creo que acá hay directamente una intención del gobierno desde los días que está en tabla el Proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente. Es agregar urgencias a la tabla para postergar su discusión”, acusó Longton.
El parlamentario sostuvo que hay razones políticas detrás del bloqueo: “Eso tiene que ver con que hay primarias, con que nos acercamos a las elecciones que para ellos son determinantes. Y este es un proyecto muy demandado por la ciudadanía en atención a la impunidad que se genera con las bajas penas que tienen los adolescentes cuando cometen delitos graves y lo permisivo que es el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que genera una sensación de impunidad evidente”.
Desde la sociedad civil, José Miguel González, vocero del movimiento No Más Víctimas, respaldó estas críticas, subrayando que los efectos de la impunidad impactan directamente en las familias.
“No es bueno para recuperar y reinsertar a un menor adolescente entre 14 y 18 años que comete delitos de tal nivel de gravedad darle impunidad y garantizarle que no va a ser tratado con total responsabilidad. Creemos que eso reduce su reinserción incluso porque lo irresponsabiliza de sus actos. Hay que salir de estas trampas y confusiones ideológicas que nada aportan al debate y que impiden que se avance en justicia y en reparación para las víctimas que son cuestiones tan sentidas y tan necesarias en medio de la crisis de seguridad que vivimos“, añadió.
Longton también vinculó esta falta de acción legislativa con hechos concretos: “Cuando ven que un menor mata a alguien, como lo vimos el otro día en la plaza de Melipilla con un apuñalamiento brutal de un joven, termina pagando pocos meses privados de libertad y después vuelve a circulación, y lo más probable que con un nivel de peligrosidad mayor. Quien comete delitos tan graves como asesinar, secuestrar a una persona o hacer un portonazo tiene que tener penas ejemplificadoras. Y hoy día con los menores de edad no lo estamos viendo”.
Por su parte, González recordó que los delitos violentos cometidos por menores no son casos aislados: “Nuevamente es postergada la discusión de la necesaria y muy urgente ley de responsabilidad para los adolescentes, en específico la necesidad de reformar para endurecer algunas penas en delitos especialmente violentos como la violación y los secuestros, los homicidios, las encerronas, que hace tiempo están siendo multiplicados los casos en que son menores sus protagonistas. Las pandillas instrumentalizan a estos muchachos, pero también ellos muchas veces demuestran un compromiso delictual alto y responsabilidad suficiente para ser tratados al igual que adultos cuando acometen delitos especialmente graves”.
El diputado Eduardo Durán (RN) también lamentó la actitud del Ejecutivo: “No puede ser que los proyectos que apuntan directamente a fortalecer la seguridad y entregar justicia a las víctimas sigan siendo postergados. El gobierno no puede seguir escondiéndose detrás de tecnicismos o estrategias legislativas para evitar debatir este tema. Hay familias que están esperando respuestas, no excusas”.
“Cuando se trata de endurecer penas para delitos gravísimos cometidos por menores, el gobierno prefiere mirar hacia el lado. Esta no es una discusión ideológica, es una necesidad urgente que exige coraje político y empatía con las víctimas. No hay más espacio para ambigüedades: o se está del lado de la justicia, o se está favoreciendo la impunidad”, agregó Durán.
Además, Longton amplió sus críticas a otros proyectos estancados: “Proyectos tan importantes como la Defensoría de las Víctimas, que el Presidente lo anuncia en la Cuenta Pública, todavía no se votan. La infraestructura crítica, ni hablar. ¿Cuánto tiempo lleva en el Senado sin salir? Y eso depende exclusivamente del gobierno”.
Finalmente, apuntó al abandono del control migratorio como otro ejemplo de desidia legislativa: “El proyecto de ley que tipifica como delito la migración ilegal está en el Senado y no se ha visto, y no tiene ningún tipo de urgencia tampoco por parte del gobierno. Es decir, hoy día entrar a Chile sigue saliendo gratis. Y eso queda en evidencia ante las cifras históricas de migración ilegal estos años del gobierno del presidente Boric, que superan los 130 mil”.
Longton concluyó: “Todas las iniciativas que el gobierno no quiere impulsar y que tienen mucha sintonía ciudadana, la estrategia que utilizan es o no poner la urgencia o poner urgencias encima de esta, o bien controlar las comisiones para que estos proyectos, si bien se puedan llegar a votar, finalmente se demoran en ver la luz”.
