En medio de la controversia por el uso irregular de licencias médicas por parte de más de 25 mil funcionarios públicos, los diputados de Renovación Nacional (RN) se reunieron este lunes con la contralora general de la República, Dorothy Pérez, para entregarle un paquete de cinco propuestas legislativas y administrativas que buscan fortalecer la fiscalización y endurecer las sanciones en estos casos.
La reunión se enmarca en el contexto del Informe Consolidado de Información Circularizada N°9 de la Contraloría, publicado el 20 de mayo, que reveló que 25.078 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, aprovechando subsidios pagados por el Estado.
Las cinco propuestas entregadas a la Contraloría
-
Rechazo al presupuesto público sin aumento para Contraloría: RN plantea condicionar la aprobación del presupuesto del sector público si no se incrementa en un 10% a 20% la partida de la Contraloría, argumentando que su carga de trabajo ha aumentado sin reflejo en planta ni recursos.
-
Sumarios tras renuncia por faltas graves: Proponen habilitar legalmente que se pueda iniciar un sumario administrativo incluso hasta tres meses después de que un funcionario deje su cargo, cuando haya indicios de que renunció para evitar una sanción por faltas graves a la probidad.
-
Obligatoriedad de declarar incompatibilidad de salud: En casos de ausentismo prolongado, RN busca que los jefes de servicio estén obligados a declarar la salud incompatible con el cargo tras 12 meses continuos de licencias médicas, sin necesidad de evaluación del COMPIN.
-
Homologar régimen de licencias con sector privado: RN propone modificar el artículo 111 del Estatuto Administrativo para terminar con el pago íntegro de remuneraciones en licencia médica, equiparando el sistema al del sector privado, incluyendo los días sin subsidio y la tramitación a través de Fonasa o Isapre.
-
Reforzar facultades de fiscalización y acceso a información: Se solicita que la Contraloría y otras entidades como el Congreso, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, tengan atribuciones para recabar semestralmente información migratoria de la PDI sobre funcionarios con licencias. También piden que empresas de transporte aéreo e interurbano entreguen datos en caso de ser requeridos.
Estas medidas se suman a otras iniciativas impulsadas por RN, como la instrucción directa de sumarios por parte de la Contraloría en cargos directivos y la retención de renuncias cuando existan investigaciones pendientes.
El objetivo, señalan desde la bancada, es avanzar hacia un sistema público con mayores controles, sanciones proporcionales y cero tolerancia al abuso de licencias, que ha generado un fuerte rechazo ciudadano y preocupación institucional.
