Antes de iniciar una nueva sesión en el Senado, el presidente de la Corporación, José García Ruminot (RN), comunicó que la ministra Jennette Jara, quien actualmente está subrogando a la vocera Camila Vallejo, lo contactó para esclarecer sus recientes declaraciones sobre el veto presidencial relacionado con el proyecto de ley sobre las multas por voto obligatorio.
La ministra Jara había cuestionado la decisión del Ejecutivo de utilizar su poder de veto, condicionándola a las negociaciones del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, con diversas fuerzas políticas.
Esta situación se produce a pesar de que Elizalde ya había comprometido el veto.
Aclaraciones de la Ministra Jara
En una reciente vocería gubernamental, la ministra Jara explicó que “el ministro Álvaro Elizalde fue encargado por el Presidente de la República para realizar algunas consultas durante esta semana, con el fin de decidir si se ejercerá o no el poder presidencial de imponer un veto”.
“Esta es una noticia que surgirá de esta conversación política, dependiendo de la decisión del Presidente de la República, buscando preservar los principios que hemos promovido”, destaco Jara, donde aclaró que no hay dudas respecto al envío del veto por parte del Gobierno.
Reacción del Presidente del Senado y posibilidad de veto
José García Ruminot aclaró que la secretaria de Estado se comunicó con él para explicar que sus declaraciones y que no reflejaban completamente su pensamiento.
La ministra le indicó que había respondido a una consulta de la prensa y que aceptaba plenamente cualquier resolución que tomara el Ejecutivo respecto al veto.
“Lo que ella me transmitió no es que el Gobierno ponga en duda el envío del veto,” afirmó García Ruminot.
Sobre el contenido del veto, García Ruminot comentó que “el voto debe ser obligatorio para todos, tanto para nacionales como para extranjeros. También se debe resolver el retorno por voto, y considero que debería haber una rebaja debido a los altos costos implicados en la medida.”
Además, se informó en la Cámara Alta que el Ejecutivo no insistirá en el informe despachado durante el tercer trámite constitucional, lo que llevó al Senado a consultar al Gobierno sobre el uso del veto presidencial.
