Este lunes diputados de Renovación Nacional solicitaron un dictamen a Contraloría para determinar la legalidad del proceso de regularización acotada para migrantes, anunciado por el Gobierno durante la semana pasada.
En ese sentido, los parlamentarios José Miguel Castro y Andrés Longton solicitaron a la contralora, Dorothy Pérez, que se elabore dicho dictamen.
La iniciativa en cuestión beneficiaría a más de 180 mil extranjeros que realizaron voluntariamente el proceso de empadronamiento que realizó el Gobierno.
“Junto al diputado Castro hemos venido a representar una eventual ilegalidad en el proceso de regularización masivo de migrantes que ingresaron por plazos clandestinos de manera ilegal a nuestro país que pretende llevar a cabo el gobierno”, señaló Longton.
“Son más de 180.000 migrantes que ingresaron violentando, traspasando de manera ilegal nuestras fronteras y que el gobierno pretende regularizar”, añadió.
“Sin tener controladas nuestras fronteras, sin tener ninguna capacidad de expulsión resulta que ahora son tremendamente eficientes para regularizar a quienes han incumplido la ley“, sostuvo.
“Venimos a representar varias ilegalidades que estaría cometiendo el gobierno. En primer lugar, la ley de inmigración establece claramente que el ingresar por plazos clandestinos es una ilegalidad que tiene una sanción establecida en la ley”, agregó.
“Por lo tanto, eso no puede ser pasado por alto por el gobierno. En segundo lugar, piden arraigo laboral y resulta que quien ingresa de manera ilegal a nuestro país no puede trabajar porque eso tiene una sanción específica para los empleadores”, sostuvo.
“Por lo tanto, lo que está pidiendo el gobierno es que se incumpla la ley para efectos de regularizarlo. Eso no puede ser porque hay un mandato que está establecido en la ley que dice que el gobierno no puede violentar”, recalcó.
“Esperamos que la Contraloría se pronuncie respecto a este proceso de regularización masivo y esperemos que le ponga freno por el bienestar de todos los chilenos”, cerró.
Por su parte, el diputado Castro señaló que “este gobierno le mintió a Chile. Cuando nos dijeron en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el exsubsecretario Monsalve, que este proceso de empadronamiento biométrico no iba a ser un perdonazo, hicieron completamente lo contrario”.
“Estamos acostumbrándonos a que a fin de año, antes de la Navidad, este gobierno nos entregue esta clase de regalos, como fue también con los indultos. Queremos preguntarle al subsecretario si tiene en consideración que estas 182.000 personas no tienen todos sus antecedentes penales claramente identificados”, añadió.
“Queremos preguntarle al subsecretario si considera también que a estas personas el día de mañana se les va a entregar, por ejemplo, la PGU y que va a salir de todos los bolsillos de todos los chilenos”, sostuvo.
“Encontramos y creemos que está cometiendo un error tremendo este gobierno, liderado por su ideología y no por lo que le piden todos los chilenos”, señaló.
“Esto es un efecto llamado lo que se está haciendo. Cuando uno dice vamos a regularizar, si es que usted se empadrona, lo que está haciendo es simplemente decir, sobre todo ahora que viene el verano, yo soy del norte de Chile, de Antofagasta, crucen rápidamente por las fronteras, por pasos no legales, para poder el día de mañana regularizarse”, agregó.
“Con esto simplemente lo que estamos haciendo es generar un hito que le va a quedar clarísimo al migrante ilegal, aquel que entra por pasos no habilitados, que es muy fácil regularizarse”, cerró.
