El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó las críticas generadas por el recorte de $7.064 millones al presupuesto del Ministerio Público, enmarcado en una reducción general de $544 mil millones para el presente año. La medida forma parte de un acuerdo político para aprobar la ley de Presupuestos 2025. Marcel enfatizó que la reducción presupuestaria fue un mandato legal y no una decisión discrecional del Ejecutivo.
El titular de Hacienda explicó que el ajuste al presupuesto del Ministerio Público debía realizarse de acuerdo con una glosa en el tesoro público, incluida en la ley de Presupuestos. “El ajuste de gasto del cual forma parte el Ministerio Público fue mandatado por la ley. No es un tema que haya sido de elección o respecto del cual el Ejecutivo tuviera un margen de flexibilidad”, sostuvo Marcel.
Además, detalló que el recorte debía efectuarse a más tardar a los 10 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley, aplicándose como reducciones uniformes en los subtítulos presupuestarios.
Excepciones y margen de flexibilidad
El ministro respondió a las inquietudes sobre la pertinencia de la medida en un contexto de crisis de seguridad pública. Indicó que ciertas instituciones, como Carabineros, la PDI y Gendarmería, fueron exceptuadas de los recortes. Además, señaló que la ejecución presupuestaria permite flexibilidad durante el año para atender situaciones emergentes, incluso en el caso del Ministerio Público.
“Se permite ir absorbiendo situaciones que se puedan producir en alguna institución, en este caso el Ministerio Público”, precisó Marcel, quien agregó que la decisión responde a un cumplimiento legal. “La señal que se está dando es que simplemente se está cumpliendo la ley”, reiteró.
