
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó la indagatoria de la Fiscalía Regional de Antofagasta sobre un presunto aborto de la diputada Catalina Pérez, en el marco del caso Democracia Viva. La autoridad cuestionó la criminalización de las mujeres en este tipo de situaciones y destacó el compromiso del Ejecutivo de ingresar un proyecto para la legalización del aborto.
“Creemos que en nuestro país no se puede seguir persiguiendo y criminalizando a las mujeres por este tema, y que debemos avanzar y no retroceder en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, y finalmente, su posibilidad de decidir respecto a sus proyectos de vida”, afirmó la ministra.
Orellana respaldó sus dichos citando un estudio de Corporación Miles, que detalla que entre 2012 y 2022, un total de 444 personas fueron investigadas por aborto en Chile, siendo mujeres la mayoría de las imputadas. De ellas, más del 10% enfrentó causas tras haber sufrido abortos espontáneos.
Además, la ministra Orellana criticó el impacto de estas indagatorias: “Estas investigaciones implican para el Estado un gasto en fiscales, diligencias, audiencias, entre otros, para perseguir a mujeres que tuvieron un aborto espontáneo o tomaron esta decisión en circunstancias muy complejas, y para ellas, una mayor vulnerabilidad y afectación en su salud mental”.
La investigación sobre Pérez surge en paralelo a las pesquisas por presunto fraude al fisco en su contra. Sin embargo, el cruce de este tema con derechos reproductivos ha generado una discusión que se alinea con la próxima presentación del proyecto de ley de legalización del aborto, comprometido por el Gobierno de Gabriel Boric.