El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la contingencia judicial marcada por el caso de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en la antesala de la resolución de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, señalando que se trata de una situación de alta gravedad institucional, con efectos que trascienden el caso individual.
En una entrevista con nuestro programa “La Mañana de Agricultura” por la investigación que involucra a Vivanco, el ministro fue enfático al señalar que “es grave la situación en su globalidad”, subrayando que “nosotros no tenemos registro de una situación del ex ministro de la Corte Suprema comprometido en investigación de estas características”.
Cordero planteó que el foco no debe estar únicamente en la resolución judicial del caso, sino en sus consecuencias estructurales para el sistema democrático. En ese sentido, sostuvo que “más que el caso específico, creo que es conveniente dimensionar el impacto más global que tiene las investigaciones que se están realizando en torno al Poder Judicial”, remarcando que este poder del Estado cumple un rol central en la institucionalidad del país.
“El Poder Judicial en un sistema institucional es el árbitro sobre el cual descansa el Estado de Derecho”, afirmó el ministro, agregando que “en el caso de la Corte Suprema es uno de los árbitros institucionales más relevantes en el sistema institucional”, destacando además el rol histórico que ha cumplido desde el retorno a la democracia.
En esa línea, recordó los esfuerzos realizados por el máximo tribunal durante las últimas décadas para fortalecer su legitimidad: “la Corte ha hecho esfuerzos muy relevantes en los últimos veinticinco años por tratar de construir bases de confianza, que son claves para el país”, advirtiendo que las investigaciones actuales “comprometen esos esfuerzos del Poder Judicial en materia de transparencia, credibilidad, confianza”.
El rol de la presidenta de la Corte Suprema
Dentro de este escenario, Cordero puso énfasis en el liderazgo de la actual presidenta del máximo tribunal, señalando que “esto es como el vaso medio lleno”, ya que “el hecho de que ella sea la Presidenta de la Corte Suprema con el perfil que ella tiene, con los símbolos que ella representa, entre otras, ser muy severa en los temas de probidad, y contra la corrupción, creo que es la manera en que el Poder Judicial también puede abordar esta situación que es muy difícil para ella”.
El ministro sostuvo que la situación representa uno de los mayores desafíos institucionales recientes para el Poder Judicial, especialmente considerando la relevancia que tiene la confianza ciudadana en el funcionamiento del Estado de Derecho.
Reformas pendientes y cuestionamientos al sistema judicial
En el contexto de esta crisis, Cordero también se refirió a los cuestionamientos históricos al sistema de nombramiento de jueces y ministros, señalando que “los sistemas de nombramiento judicial siempre han sido objeto de controversia en Chile” y reconociendo que, pese a múltiples intentos de reforma, “el sistema de nombramiento que nosotros tenemos en la actualidad es muy crítico ya no solo en la Corte Suprema sino que aguas abajo”.
El ministro recordó que distintos gobiernos han impulsado cambios en esta materia, pero reconoció que “es uno de los grandes pendientes en nuestro sistema institucional”, especialmente en un escenario donde la transparencia y la confianza pública se vuelven centrales.
Balance del Ministerio de Seguridad Pública
De forma secundaria, Cordero abordó el balance del primer año del Ministerio de Seguridad Pública, destacando que su instalación respondió a un escenario de crisis de seguridad heredado de años anteriores y marcado por fenómenos como la migración forzada, el crimen organizado y el aumento de homicidios.
En ese contexto, afirmó que los resultados obtenidos han sido posibles gracias a consensos transversales y a un fortalecimiento institucional sostenido, destacando que “la reacción del país fue generar consensos y avanzar”, con una actualización legislativa y un aumento significativo de recursos destinados a seguridad.
Finalmente, el ministro insistió en que la seguridad debe entenderse desde una mirada amplia: “seguridad es un derecho humano”, señalando que su fortalecimiento no solo apunta al control del delito, sino también a la protección de los sectores más vulnerables y al fortalecimiento de la cohesión social.
