El gobernador metropolitano Claudio Orrego enfrenta un nuevo frente judicial y político. A raíz de un informe de Contraloría que detectó el uso de recursos públicos en actividades vinculadas a su campaña de reelección, consejeros regionales de Chile Vamos y del Partido Republicano están preparando un requerimiento para solicitar su destitución.
La acusación se centra en la contratación, por $31 millones, del coach político Juan Vera Gil, colaborador cercano a Orrego desde sus tiempos en la Municipalidad de Peñalolén, para capacitar a altos funcionarios del Gobierno Regional (Gore) en 2024. Según el informe, durante estas sesiones se abordaron temas electorales y estratégicos relacionados con la campaña del actual gobernador, algo expresamente prohibido en el uso de fondos públicos.
Tanto Contraloría como la Fiscalía Oriente han iniciado investigaciones para establecer responsabilidades administrativas y penales.
Coordinación opositora
El miércoles 11 de junio, los consejeros de Chile Vamos y Republicanos sostendrán una reunión clave para definir los términos del requerimiento que presentarán ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Para que la solicitud sea admisible, se requiere el respaldo de al menos un tercio del Core, es decir, 12 firmas. Sin embargo, la oposición ya contaría con al menos 17 apoyos de un total de 21 consejeros opositores.
Según fuentes internas, la presentación podría definirse estratégicamente para coincidir con el calendario electoral de agosto, buscando así que el caso tenga una mayor resonancia pública en plena inscripción de candidaturas presidenciales y parlamentarias.
Reacción de Orrego
El gobernador ha calificado la ofensiva como un “aprovechamiento político” y aseguró que presentará un recurso de reconsideración ante Contraloría. Defiende que el trabajo con el coach formaba parte de un proceso profesional de mejora en la gestión de los equipos directivos, sin vinculación formal con su campaña.
“No se usaron dineros públicos ni tiempo institucional en actividades proselitistas”, ha insistido.
Distancias con el caso ProCultura
Este nuevo episodio se diferencia del escándalo por el convenio con la Fundación ProCultura, en el que se transfirieron $1.600 millones de los cuales aún no se recuperan cerca de $1.000 millones a una entidad ligada al psiquiatra Alberto Larraín, cercano a Orrego. En aquel caso, el gobernador ha argumentado que la operación fue aprobada transversalmente por el Core, lo que ha moderado las críticas opositoras.
Sin embargo, la contratación de Vera Gil fue gestionada directamente por la Gobernación y no cuenta con respaldo colegiado, lo que deja a Orrego en una posición más vulnerable.
El escenario en el Tricel
Actualmente, el Tricel está conformado por ministros de perfiles mixtos. Tres fueron promovidos a la Corte Suprema bajo gobiernos de derecha, uno por la expresidenta Michelle Bachelet, y un exdiputado DC, Gabriel Ascencio, histórico aliado de Orrego.
Aunque la resolución del Tribunal se basará en el mérito jurídico de la presentación, en la oposición estiman que el actual equilibrio de fuerzas podría no ser del todo favorable al gobernador.
