Este lunes diputados de oposición se refirieron a la decisión de la justicia de decretar arresto domiciliario para la desaforada diputada Catalina Pérez, en el marco del caso Democracia Viva, tras ser acusada de tres delitos de fraude al fisco.
Al respecto, el diputado Roberto Arroyo (PSC), sostuvo que “es muy importante que el poder judicial actúe en este, y muchos otros casos con total autonomía, y al igual que en el caso que lleva adelante, el Fiscal Cooper de Coquimbo, nadie puede estar por sobre la ley, y debe someterse a toda investigación que el Ministerio Público esté llevando a cabo”.
“Sólo de esta manera se devolverá la fe pública en las instituciones que representan a la ciudadanía, la transparencia, frente a la gente es la única clave que soluciona la falta de credibilidad institucional que hoy vivimos”, afirmó.
Por su parte, la diputada Marlene Pérez (Indep-UDI), afirmó que “el hecho de que se hayan decretado medidas cautelares en contra de la diputada Pérez, significa que para el tribunal existen indicios de su eventual participación en delitos”.
“Respetamos la decisión del tribunal a pesar de que la fiscalía había solicitado prisión preventiva, seguramente van a apelar en que se decrete las medidas cautelares que corresponden ante un caso como este. Recordemos que esta eventual malversación de caudales y fraude al fisco se habría cometido con recursos que iban destinados a las familias más vulnerables de nuestro país por trabajos que jamás se hicieron y los que se llegaron hacer fueron absolutamente defectuoso”, agregó.
Mientras que la parlamentaria del Partido Repblicano, Sofía Cid, señaló que e”s preocupante que, existiendo antecedentes suficientes para aplicar la prisión preventiva, se haya otorgado arresto domiciliario total a Catalina Pérez en el Caso Convenios”.
“Estamos frente a un delito grave de fraude al fisco que afecta directamente a todos los chilenos. La justicia debe actuar con firmeza y enviar señales claras: la corrupción no puede seguir quedando impune. La ciudadanía espera igualdad ante la ley y sanciones proporcionales cuando se vulnera la confianza pública”, cerró.
