Durante esta mañana, diputados del Partido Republicano presentaron un requerimiento en el Tribunal Constitucional (TC) para destituir a la senadora Isabel Allende (PS).
Los parlamentarios argumentaron que la decisión se basa en la fallida compra de la casa de expresidente Salvador Allende.
Los parlamentarios invocaron el artículo 60 de la Constitución, el que prohíbe a diputados y senadores celebrar contratos con el Estado, lo que se sanciona con la destitución del cargo, que es lo que buscan desde el Partido Republicano.
Uno de los impulsores de la acción legal, el diputado Luis Fernando Sánchez declaró a la prensa que tanto la legisladora como la ministra Maya Fernández deben abandonar sus cargos, y que no se puede “permitir que algo así quede impune”.
En el texto se argumenta que tan solo firmar el contrato, como lo hizo la senadora, es motivo para que se invoque el incumplimiento constitucional, sin importar que no se haya efectuado la compra como se han defendido desde el oficialismo.
Desde el Gobierno se refirieron al tema esta mañana y declararon que “no vemos la utilidad de la acción” en palabras de la ministra (s) Aisén Etcheverry.
Ante la presentación, la senadora tiene 10 días para responder la acusación, en la que ya están trabajando según la parlamentaria, en un proceso que puede demorar meses.
