Este viernes, diputados de Renovación Nacional presentaron una indicación a la Ley de Presupuestos que busca dejar sin efecto las pensiones de gracia otorgadas a personas condenadas a cárcel.
“Dejar sin efecto a partir del 1 de enero de 2025 las pensiones de gracia otorgadas bajo la ley 18.056 a personas condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva en los 10 años previos al momento de la adjudicación”, señala la iniciativa.
La medida fue presentada por los legisladores Carla Morales, Juan Carlos Beltrán y Andrés Longton, que busca que este beneficio lo reciban “solo quienes realmente lo merecen, y no aquellos que por diversos motivos fueron a la cárcel o bien cumplen penas tras las rejas, y mes a mes reciben un cheque del Estado”.
Así lo explica la diputada Carla Morales, quien remarca que “esta indicación en la ley de presupuesto -que se incluye en la partida correspondiente al Tesoro Público- busca poner fin a las pensiones de gracia otorgadas a personas condenadas por delitos graves en los 10 años previos a la adjudicación”.
“Esta medida apunta a eliminar un beneficio que consideramos injusto para quienes han cometido este tipo de delitos. Buscamos combatir la impunidad y proteger el buen uso de los recursos del Estado”, agregó.
La indicación precisa, además, que será el Registro Civil el que “remitirá a la brevedad los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, la que deberá enviar el listado de beneficiarios a dicho servicio a la brevedad posible. La subsecretaría del Interior oficiará en el más breve plazo a la Tesorería General de la República para el cese del pago, cuando fuere procedente”.
Por su parte el diputado Beltrán calificó como inaceptable “que quienes han sido condenados por delitos graves sigan recibiendo beneficios excepcionales como las pensiones de gracia; versus personas honestas y trabajadoras que llevan años esperando una pensión”.
Concluyendo que “es una oportunidad para reforzar los valores de probidad y justicia en nuestras instituciones, y del Estado con la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos”.
En tanto, Andrés Longton apuntó que la indicación busca “dejar sin efecto todas las pensiones de gracia que son vitalicias, especialmente las entregadas después del estallido social a delincuentes, muchos de ellos con un amplio prontuario y que hoy siguen recibiendo pensiones de gracia y que no tienen nada de víctima, sino que son victimarios”.
Recordó, además, que la actual administración “no ha revocado o dejado sin efecto (las pensiones en el marco del estallido social de 2019), todo lo contrario, a muchos de ellos se le incrementó al doble su valor y hoy en día algunos de ellos están recibiendo una suma cercana o superior a los 600 mil pesos”.
