Política

Proyecto de ley busca sancionar a partidos políticos por corrupción de sus militantes

Proyecto de ley busca sancionar a partidos políticos por corrupción de sus militantes
Agencia Uno

El diputado Roberto Arroyo, jefe del Comité Social Cristiano, presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la integridad de los partidos políticos, mediante la aplicación de sanciones económicas cuando alguno de sus militantes con cargo de elección popular sea condenado por corrupción.

La iniciativa también establece la obligación de implementar mecanismos internos para prevenir este tipo de delitos, con el objetivo de reconstruir la confianza ciudadana y erradicar la impunidad partidaria.

Desde la Cámara Baja, el legislador socialcristiano explicó que este proyecto apunta a responsabilizar directamente a los partidos políticos por las conductas de sus militantes.

“Durante demasiado tiempo, los partidos han mirado para el lado cuando uno de los suyos incurre en delitos graves. Lo que proponemos es simple: si reciben financiamiento público, deben rendir cuentas por quienes representan sus principios. Esta ley busca que se hagan cargo, no solo con palabras, sino también con consecuencias concretas”, señaló Arroyo.

En ese contexto, el parlamentario insistió en que este cambio normativo no solo tiene carácter punitivo, sino que apunta a la prevención estructural de la corrupción en las colectividades.

“Queremos obligar a los partidos a capacitar, fiscalizar y generar canales seguros de denuncia. No basta con reaccionar cuando el daño ya está hecho. Si no hay una cultura de probidad dentro de los partidos, la corrupción seguirá infiltrando nuestras instituciones. Por eso este proyecto exige códigos de ética, formación constante y mecanismos de control eficaces”, enfatizó.

Finalmente, Arroyo destacó que la ley contempla incentivos para aquellos partidos que demuestren esfuerzos reales en la prevención.

“Esta norma contempla rebajas en las multas si el partido demuestra que ha implementado mecanismos serios y eficaces de prevención. No se trata solo de castigar, sino también de fomentar una política más ética y comprometida con el servicio público. La transparencia no es una opción, es una obligación”, concluyó.

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