El Senado ha dado luz verde a un proyecto de ley que pone fin al anonimato en la compra de celulares con modalidad prepago, enviándolo a la Cámara Baja para su último trámite.
Con 31 votos a favor y 2 abstenciones, la iniciativa busca modificar la ley General de Telecomunicaciones, exigiendo la identificación y registro de los usuarios que adquieran servicios telefónicos sin facturación mensual.
El presidente de la comisión de Seguridad, Iván Flores, destacó la relevancia de esta medida para combatir delitos cometidos mediante celulares prepago.
“Esta es una iniciativa clave, pues hay varios delitos que se cometen precisamente con esta modalidad”, subrayó Flores, refiriéndose a crímenes como amenazas, extorsiones y estafas telefónicas, así como la difusión de imágenes íntimas.

Impacto del anonimato en la seguridad: El punto clave en la discusión en el Senado
En muchos países, la modalidad de prepago está prohibida debido a razones de seguridad. Según datos proporcionados por las policías, el 80% de los delitos cometidos a través de redes sociales involucran teléfonos prepago.
Asimismo, Flores explicó que “en muchos países esta modalidad del prepago está prohibida y precisamente por un tema de seguridad, de trazabilidad del usuario”.
El senador enfatizó que ningún país de la OCDE ni de la Unión Europea permite el anonimato en la compra de dispositivos de comunicación, ya que esto dificulta la trazabilidad y el seguimiento de delitos.
“Claramente, tenemos que uniformarnos con los esfuerzos mundiales para contener el delito y la delincuencia”, afirmó.
Requisitos para la compra de celulares prepago
El proyecto exige que las concesionarias de servicios telefónicos recopilen información detallada de los usuarios, como nombre completo, domicilio, número de cédula o pasaporte, y la identidad internacional del equipo móvil (IMEI).
Además, se establece que solo personas mayores de edad podrán registrar estos servicios.
Finalmente, un reglamento de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que se dictará en un plazo de seis meses tras la publicación de la ley, precisará los detalles sobre el registro e identificación de los aparatos móviles.