Los senadores José Durana y Gustavo Sanhueza (UDI) criticaron duramente al Gobierno por la permisividad con la que se han manejado las exportaciones agrícolas provenientes de Perú, país identificado como el principal origen de la plaga de la mosca de la fruta que hoy impide exportar productos desde el norte de Chile.
“El norte está atrapado en cuarentena fitosanitaria mientras Perú, que nos infectó, se convierte en el mayor exportador de frutas de Sudamérica. Y lo peor: Chile le abre aún más el mercado, firmando convenios para que sigan entrando limones, uvas y naranjas. Es una burla para nuestros agricultores”, afirmó el senador José Durana, parlamentario por Arica.
““Nuestros camiones no pueden ni ir a la zona central, pero los peruanos entran por Chacalluta sin que nadie los revise. ¿Dónde está el Estado? El SAG no tiene herramientas reales para frenar la entrada de la plaga y no puede fiscalizar en frontera. El control está en tierra de nadie, y por eso exigimos endurecer las penas y fortalecer de una vez por todas la institucionalidad”, agregó.
El senador Gustavo Sanhueza, integrante de la Comisión de Economía, sostuvo que esta situación ya está afectando el prestigio exportador chileno. “Aquí no hay reciprocidad ni lógica económica. Estamos premiando a quienes comprometen la reputación fitosanitaria de Chile. La mosca no solo arruina frutas: arruina empleos y crecimiento en las regiones”, sentenció.
La gravedad de esta situación queda aún más en evidencia si se considera que la plaga Ceratitis capitata, principal insecto de importancia económica a nivel mundial, puede afectar entre el 10% y el 60% de las cosechas de frutas, atacando más de 250 especies frutales y hortalizas. Esto puede significar pérdidas que, según estimaciones, fluctúan entre los 400 millones y los 2.400 millones de dólares anuales a nivel nacional, dependiendo del nivel de infestación.
Los países compradores exigen fruta proveniente de zonas libres de esta plaga. Cuando eso no se cumple, se imponen medidas como tratamientos cuarentenarios, que incluyen la aplicación de químicos, elevando los costos de producción y reduciendo la calidad del producto. “Estamos hipotecando nuestro sello de país libre de plagas, y con ello la base de nuestra competitividad internacional”, advirtió Durana.
A pesar de ello, denunciaron que el propio Estado chileno está facilitando condiciones para corregir embarques peruanos defectuosos. El SAG ofreció habilitar instalaciones en la región de Arica para aplicar tratamientos cuarentenarios a productos que pudieran ser rechazados, evitando así su retorno al país de origen. En paralelo, SENASA (Perú) y el SAG trabajarán en los lineamientos operativos para implementar esta medida.
“Mientras Perú exporta más de 562 mil toneladas de uva y lidera el comercio de limones y naranjas, nosotros les ponemos centros de corrección fitosanitaria en vez de cerrarles la puerta. ¿A quién protege el Estado chileno?”, agregó el parlamentario por Arica y Parinacota.
Además, según Odepa, entre enero y abril de 2024 las exportaciones chilenas de fruta rozaron los 1,5 millones de toneladas, un alza de 3,8% respecto al año anterior, y alcanzaron un récord histórico de 4.441 millones de dólares FOB. “Estamos protegiendo un sector clave para la economía nacional, pero sin que el Estado actúe con la urgencia que requiere”, añadieron.
Asimismo, recordaron que en la Comisión de Seguridad se está tramitando un proyecto de ley que establece penas de cárcel y la incautación de camiones que ingresen al país con carga contaminada, pero que hoy duerme en el Congreso por falta de voluntad del Gobierno.
“Vamos a exigirle al Ejecutivo que le ponga urgencia inmediata. Ya nos reunimos con la ministra, hemos enviado oficios, y lo único que recibimos son excusas. Hoy además hemos oficiado directamente al ministro de Agricultura para que explique esta política contradictoria”, señalaron.
Los senadores agregaron que esta preocupación ha sido abordada directamente en las comisiones de Agricultura y de Seguridad, donde han sostenido conversaciones con los ministros de Agricultura, Interior, Seguridad Pública y la Segpres. “Si no actúan ahora, serán responsables directos del daño económico que esta plaga está causando en el norte. La defensa de la frontera agrícola debe ser tan firme como la de la frontera migratoria. Hoy el Estado está fallando en ambas”, concluyó Durana.
