Ya es oficial. El Tribunal Constitucional (TC) dio a conocer este jueves el fallo completo que confirma la destitución de la senadora Isabel Allende (PS) por la compraventa fallida de la casa de Guardia Vieja, en la que se configuró una inhabilidad constitucional prevista en el artículo 60. La resolución, de 80 páginas, detalla los fundamentos jurídicos que llevaron al cese del cargo parlamentario.
El requerimiento fue impulsado por parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Republicano, quienes acusaron a Allende de “infringir gravemente” la prohibición de celebrar contratos con el Estado, una norma que rige tanto a legisladores como a ministros en ejercicio. El TC respaldó este argumento, concluyendo que la senadora incumplió una condición constitucional esencial para el ejercicio del cargo.
El argumento central del Tribunal
En el fallo, el Tribunal Constitucional subraya que la regla que establece la causal de cesación no busca invalidar la voluntad popular, sino más bien “garantizar que quienes ejerzan tal función pública lo hagan dentro del marco constitucional”. Añade que “el incumplimiento de una inhabilidad expresa es una causa legítima de pérdida del mandato popular”, y que su aplicación “no vulnera la democracia, sino que la resguarda”.
El documento refuerza la idea de que la democracia requiere de juridicidad, responsabilidad y sujeción a la Constitución, especialmente para quienes han sido elegidos por votación popular. “Al sancionar con la cesación en el respectivo cargo parlamentario como consecuencia de la celebración de contratos con el Estado, se protegen esos principios”, señala el texto, agregando que se busca “reforzar un alto estándar ético y jurídico en el desempeño de la función parlamentaria”.
La defensa de Allende
Durante el proceso, Isabel Allende argumentó que la transacción no debía entenderse como una compraventa entre particulares, sino como parte de un procedimiento administrativo autorizado por ley. Sin embargo, el TC descartó esta interpretación y validó la aplicación del artículo constitucional que impide este tipo de operaciones por parte de autoridades en ejercicio.
Con esta sentencia, se cierra formalmente el capítulo judicial que selló la salida de Allende del Congreso, tras décadas de trayectoria parlamentaria.
