El reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional –incluido Chile- a la figura de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, derivó en que los distintos partidos políticos manifestaran su posición respecto a la crisis política y social que se vive en el país sudamericano.
En este contexto, una de las declaraciones más controvertidas fue la que el Frente Amplio dio a conocer a través de un comunicado publicado en redes sociales. En este se critica la decisión del presidente Piñera de apoyar a Guaidó, aludiendo a que esta posición sería contraria al derecho internacional, y, particularmente, al “principio de autodeterminación de los pueblos”.
Si nos remitimos a las declaraciones que hace un tiempo realizaran distintos representantes frenteamplistas, podemos concluir que la postura que asume la coalición denota una profunda inconsistencia en materia internacional. Esto se puede desprender de, al menos, dos puntos.
El primero se relaciona con la antojadiza interpretación del principio de autodeterminación de los pueblos. Vemos que este principio es manoseado con fines políticos. Y digo manoseado porque su real significado se ha tergiversado y utilizado –nuevamente- como comodín para defender regímenes dictatoriales en los que el poder es detentado por un aliado, un “compañero”. Así, su contenido es llevado a tal extremo que el principio se convierte en un dogma absoluto que, paradójicamente, deja en un segundo plano la protección de los derechos más esenciales.
¿Puede un estado amparándose en la libre autodeterminación establecer un régimen que avale la esclavitud? No hay que ser experto en la materia para intuir que no. Lo mismo debiera aplicar cuando los derechos vulnerados son la libertad y seguridad personal, libertad de expresión o igualdad en el goce de derechos civiles y políticos, entre otros. Es decir, no parece lógico que un estado se ampare en un principio reconocido en un tratado internacional para vulnerar derechos consagrados en los mismos instrumentos.
Quizás las palabras que Giorgio Jackson (RD) pronunciara hace sólo un par de semanas sirvan para clarificar la crisis venezolana. En concreto, el diputado declaró en un canal de televisión lo siguiente: “creemos que Venezuela ya pasó de ser una crisis democrática profunda a ya no respetarse los principios básicos de un estado de derecho y respeto a los derechos humanos de sus conciudadanos”. Agregaba, además, que dicha opinión era representativa de la mayoría de los adherentes de Revolución Democrática.
Entonces, ¿Cómo es posible defender el régimen de Maduro bajo el pretexto de la autodeterminación si no hay estado de derecho y los ciudadanos ven vulnerados sus derechos humanos? Curiosamente, el mismo diagnóstico al que arriba Jackson es el que sustenta el apoyo internacional a Guaidó. Sin embargo, la posición del conglomerado de izquierda parece desconocer este factor.
No cabe duda que la realidad política y social de Venezuela es insostenible. Por lo mismo, más de 3 millones de venezolanos han huido del país. Situación que ha sido calificada por diversos analistas como el “mayor éxodo sudamericano de los últimos 50 años”. Ante esta coyuntura, millones de venezolanos se han manifestado en las calles en contra de la dictadura de Maduro, tensionando aún más el conflicto y llevándolo al borde de la violencia armada.
En lo anterior se aprecia el segundo punto inconsistente. Hace tan sólo un mes la diputada Maite Orsini (RD) afirmaba en el Congreso que “existen ciertos contextos que justifican la violencia como medio de acción política”, palabras que luego fueron respaldadas por el diputado Gonzalo Winter (MA) y por el ex presidente de Revolución Democrática, Rodrigo Echecopar. Es más, este último respaldó las palabras de la diputada invocando las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino respecto al tiranicidio y el derecho a rebelión. En un sentido similar, el diputado Gabriel Boric (MA) afirmaba en septiembre que “en dictaduras todas las luchas son válidas. Es indeseable tener una guerra civil pero quienes decidieron la lucha armada en ese contexto estaban en su legítimo derecho”.
“Transgresión de los principios de un Estado de Derecho”, “vulneración de derechos humanos”, “dictadura”, “tiranicidio”, “violencia como medio de acción política” y “rebelión”. La coincidencia de estos términos con lo que acontece en Venezuela es evidente. Por lo mismo, no deja de ser llamativa la declaración del Frente Amplio, considerando que, precisamente, existe en Venezuela un movimiento que poco a poco se alza ante la autoridad opresora. Lo que a la luz de la doctrina que exponen en su discurso político, daría lugar a una legítima rebelión, incluso mediante la vía armada.
En resumen, hoy somos testigos de la fragilidad de las ideas que sustentan al bloque de izquierda y de cómo los derechos humanos son relativizados cuando el tirano de turno pertenece al mismo bando político. Aunque de paso los que sufran las consecuencias sean aquellos a quienes comúnmente ese mismo sector denomina como “las bases”.
Maximiliano Duarte
Investigador Fundación P!ensa
