10122019 - 03:45 Explotó la olla
Agricultura
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Opinión

Explotó la olla

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Al inicio del estallido sociopolítico hubo una percepción mayor de inseguridad alimentaria -a nivel físico, social y económico- sobre todo en las grandes ciudades del país dado al Estado de Emergencia, el toque de queda, saqueos y cierre momentáneo de tiendas, mercados, y negocios de barrios debido al temor de ser asaltados; sin embargo, las ferias libres fueron el canal de abastecimiento de la población más vulnerable por esos días.

Ante este panorama quedaron aún más marcadas las diferencias alimentarias. Se pudo evidenciar con mayor fuerza la desigualdad, bastaba ver las imágenes de supermercados de la zona oriente versus los de la zona poniente de la capital, un par de carros llenos por persona y en el otro sólo lo necesario o lo realmente urgente.

No olvidemos que un 27 % de la población no puede acceder económicamente a una alimentación saludable; en 12 años, el consumo de alimentos ultraprocesados ha crecido un 25 % y el de comida rápida un 40 % (datos recientes, día mundial de la obesidad, FAO-OMS) y hace algunos años la encuesta de consumo alimentario (ENCA) nos indicaba que sólo un 5 % de la población se alimenta de manera saludable. En síntesis, con o sin movimiento social seguimos comiendo, pero alimentándonos de mala manera.

Es vox populi que las personas compran productos alimentarios que alcancen con lo que queda del sueldo, previo pago de gastos básicos y deudas. A nivel social también se visualiza que comer saludablemente es de élite o para los que más recursos tienen (económicos y culturales), aunque no necesariamente es así.  Los medios de difusión en general y sobre todo las redes sociales han permeado nuestro concepto de saludable a algo gourmet o sofisticado donde el 70 % de los chilenos no tiene cabida.

El derecho a alimentación saludable

Claramente las políticas públicas no han logrado ser realmente eficaces ni eficientes, las actuales han traspasado la responsabilidad de compra, mediante la elección, al consumidor, asumiendo que todas las personas pueden tener la información y educación suficientes para decidir la mejor compra.

Una política clara con impuestos más altos en las bebidas analcohólicas, con o sin azúcar, en snacks, comida chatarra y ultraprocesados; en conjunto a una reducción de impuestos y a la par con un real comercio justo, y/o subvenciones para la adquisición de alimentos saludables en la población de menores ingresos, generaría una mejor predisposición de la sociedad a alimentarse de forma saludable, mejorando la calidad alimentaria.


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