La Presidenta Michelle Bachelet, junto a los ministros de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de Economía, Jorge Rodríguez; y de Medio Ambiente (s), Jorge Canals, promulgó la Ley N°21.080 que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar la Cancillería.
La norma busca, entre otras cosas, permitir mayor agilidad en la gestión de la política exterior, integrar de mejor forma las distintas facetas de la cartera, e incluye propuestas para una mejor presencia y coordinación gubernamental en regiones en los temas de política exterior, así como cambios en sus estatutos de personal para dotarlos de mayor flexibilidad y eficiencia.
“Cumplimos con otro compromiso gubernamental buscado por tanto tiempo. En este objetivo se empeñaron todos los gobiernos, desde la restauración de la democracia y tras 27 ó 28 años pudimos hacerlo realidad”, subrayó la máxima autoridad al inicio de sus palabras.
Igualmente, resaltó que “en el proceso de elaboración de esta ley fueron escuchadas las demandas de las distintas asociaciones gremiales del Ministerio, para acoger en lo que fuera posible sus puntos de vista”.
“También se escuchó a los distintos actores de la sociedad civil vinculados a asuntos internacionales de política exterior y se analizó la experiencia de otros procesos modernizadores en distintas partes del mundo. Asimismo, se tuvo en cuenta todo el trabajo efectuado en los distintos gobiernos desde la restauración de la democracia”, añadió.
La mandataria también destacó que “la Ley que hoy promulgamos constituye una propuesta de cambios sustantivos y progresivos que buscan enfrentar los desafíos del siglo XXI, implementando cambios en la estructura y funcionamiento de la Cancillería en las distintas facetas: políticas, económico-comerciales, de cooperación, de fronteras y las relativas a la Antártica”.
Entre los principales cambios que establece la normativa, la gobernante enfatizó que en su nueva estructura institucional, acentúa una carrera meritocrática en el personal de la Cancillería, destacando los necesarios elementos de profesionalización, además de contemplar mecanismos de movilidad ascendente en la carrera del Servicio Exterior y de contar con más exigencias de ingreso al Servicio Exterior, cursos de perfeccionamiento y concursabilidad en los ascensos, entre otros.
Con respecto a la organización de las unidades internas del ministerio, la ley define la existencia de determinadas direcciones, dejando que el resto sean definidas por un reglamento, flexibilidad fundamental para hacer frente a los requerimientos cambiantes de las relaciones internacionales, dando respuesta a las exigencias del país y a las necesidades de la ciudadanía en general.
En tanto, la ley estipula que al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde coordinar e integrar a los distintos ministerios y demás órganos de la administración del Estado en todos los asuntos que inciden en la política exterior, incluyendo ámbitos como las relaciones económicas internacionales, la cooperación internacional, la promoción cultural, la vinculación y atención de los connacionales en el exterior, la seguridad y la paz internacional.
Para ello, se crea una Secretaría General de Política Exterior con las atribuciones necesarias para llevar a cabo tales coordinaciones.
Asimismo, la ley crea la nueva Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales con el propósito de que el país pueda promover y gestionar adecuadamente su exitoso proceso de inserción en la economía mundial, mediante la transformación de la actual Direcon y el establecimiento de Prochile como un nuevo servicio público centralizado, sometido a la dependencia del Presidente de la República, a través de la subsecretaría, y afecto al Sistema de Alta Dirección Pública.
Por otro lado, la iniciativa también considera, en materia de igualdad de género, terminando con la discriminación que afecta actualmente a las funcionarias del servicio exterior y del Ministerio, que no reciben asignación familiar por sus cónyuges cuando se encuentran destinadas en el exterior, en circunstancias que los funcionarios varones sí la reciben.
Adicionalmente y reconociendo el estado civil de conviviente civil, se conceden al conviviente, entre otros, derecho a pasajes, fletes, asignación de establecimiento y pasaporte que hasta ahora estaban reservado sólo a los cónyuges.
Finalmente, la Presidenta Bachelet afirmó que “esta ley y todas estas reformas a la Cancillería que se empezarán a implementar a partir de ahora, nos permitirán enfrentar, de la mejor forma posible, los diversos desafíos que nos impone el mundo actual, que como sabemos está en constante transformación y es crecientemente interdependiente y complejo”.