El fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, el más polémico de los fiscales que investigan casos de financiamiento ilegal de la política por sus decisiones en el caso Penta, fue el primer testigo que declaró en el proceso de destitución del fiscal nacional Jorge Abbott.
Ante el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, quien está desarrollando el proceso en una sala del subterráneo del Palacio de los Tribunales de la capital, el fiscal Guerra afirmó que “no he recibido instrucciones en particular del fiscal nacional, eso lo tiene vedado, sólo hemos tenido reuniones informativas”.
Además de Guerra, también se presentarán como testigos los fiscales regionales Pablo Gómez (Valparaíso, por SQM), Xavier Armendáriz (Centro Norte, caso Corpesca) y Julio Contardo (actual regional del Maule, también por el caso Corpesca). También llegó a la audiencia el fiscal metropolitano Occidente, José Pérez Calaf.
La solicitud de destitución del fiscal nacional Jorge Abbott fue presentada por diputados del Frente Amplio que acusan al jefe máximo del Ministerio Público de “negligencia en el ejercicio de sus funciones”. Abbott será defendido por el ex ministro de Justicia, Luis Bates, quien se encuentra en la audiencia.
El proceso está a cargo del ministro Héctor Carreño, nombrado el 3 de agosto último por el presidente del máximo tribunal del país, Haroldo Brito, como instructor. Tras las presentaciones, que se extenderán hasta mañana, se convocará al pleno de la Corte Suprema para escuchar los alegatos, deliberar y resolver si se destituye o no al fiscal nacional.
El 10 de julio pasado, diputados del Frente Amplio encabezados por Beatriz Sánchez presentaron la solicitud de destitución de Abbott por “negligencia en el ejercicio de sus funciones”. En el escrito, los parlamentarios consignaron la actuación de Abbott en los casos emblemáticos de financiamiento ilegal de la política, especialmente los casos Penta y SQM.
Además, en el texto los diputados recordaron que el fiscal nacional se reunió con dirigentes de la UDI, incluyendo al actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras lo cual –según afirmaron- Abbott abandonó su política de llevar estos casos a juicio oral y, desde entonces, los fiscales a cargo de las investigaciones optaron por salidas alternativas, como lo hizo Guerra con los controladores del grupo Penta.
Asimismo, los parlamentarios le reprochan que Abbott pidiera a los fiscales que, en los casos que involucran a políticos, tomar en cuenta cómo se afectan los quórum al interior del Congreso.
Finalmente, el 13 julio pasado, el pleno de la Corte Suprema declaró admisible la solicitud de remoción por cumplir con todos los requerimientos formales. Por el momento, Abbott sigue en sus funciones y, tras ser notificado, se le concedió un plazo de ocho días para que entregar sus descargos. A través de su abogado Luis Bates, el fiscal nacional dijo que no renunciará y que demostrará su inocencia.