Los integrantes de la Comisión de Reforma a Carabineros dieron a conocer públicamente una carta enviada al Presidente de la República Sebastián Piñera y al ministro del Interior Víctor Pérez tras el actuar de Carabineros el pasado viernes en medio de un manifestación donde un joven cayó al lecho del río Mapocho presuntamente impulsado por un funcionario de la institución, hecho que se encuentra en investigación.
La comisión compuesta por Lucia Dammert. Felipe Harboe, Alejandra Lunecke, José Miguel Insulza, Eduardo Vergara, Mauricio Duce, Hugo Frühling, Ricardo Montero, Antonio Frey, Alejandro Vega y Guillermo Miranda, declara lo siguiente:
- Rechazamos tajantemente el actuar de FF.EE. quienes, fuera de todo protocolo, son responsables de la caída a la rivera del río Mapocho de un adolescente de 16 años, ocasionándole graves lesiones.
- Consideramos que estos hechos son profundos, más allá que éstos representan una situación criminal por parte del carabinero que lo cometió -y que debe ser sancionado por la justicia-, también revelan un comportamiento completamente inadecuado de FF.EE., que tampoco ayudó al adolescente, lo cual confirma que este es un problema estructural y no responde a un hecho aislado.
- En dicho contexto, se torna necesario que la justicia investigue, esclarezca y sancione los acontecimientos ocurridos, en vista de las imágenes y videos que dan cuenta que Carabineros de Chile intervino de forma imprudente.
- El pasado 30 de enero del presente año, la Comisión de Reforma a Carabineros, consituido por un grupo transversal de expertos y expertas en el área académica, social y política, hizo entrega al Presidente de la República, una propuesta para la reforma a Carabineros y el sistema de seguridad. Han transcurrido 246 días y aún no vemos voluntad política de avanzar en la materia.
- Finalmente, nuestra convicción es que es necesaria una reforma profunda. Es indispensable que se adopten, de inmediato, medidas que reformen el actuar de Carabineros, con mayor control civil, apego a los Derechos Humanos y protocolos que den garantías a las y los ciudadanos en su proceder.
