Un informe reciente de la Contraloría General de la República reveló traspasos sin rendir por un total de $78.737.404.844 desde la Subsecretaría de Educación y la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana. Estos fondos se destinaron a diversas entidades privadas, municipios, fundaciones y otros organismos para programas educativos, sin que se comprobara el uso adecuado de dichos recursos.
La diputada y presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, expresó su preocupación por esta situación. La parlamentaria insistió en la necesidad de investigar a fondo estas transferencias y anunció que pedirá una sesión especial en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. En esa instancia, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, deberá rendir cuentas sobre las irregularidades detectadas.
“Estamos ante una situación grave que se debe investigar a fondo, ya que se trataría de traspasos millonarios a una serie de entidades que no han demostrado en qué ni cómo se utilizaron esos montos, y que por ley deberían ser rendidos. Por tal motivo, es que solicitaré una sesión especial en la Comisión de Educación de la Cámara para que investigue estos traspasos de dinero y cite también al ministro Cataldo para que explique en qué se gastaron estos recursos”, declaró la diputada Concha.
Graves irregularidades y exigencia de transparencia
La diputada Concha también destacó la importancia de proteger los recursos públicos, especialmente en el contexto de la crisis económica que afecta al país. “Ante la crisis económica que vive el país debemos ser cuidadosos con los recursos de todos los chilenos y chilenas, y tener tolerancia cero con este tipo de situaciones e irregularidades, ya que hace pocos meses quedó al descubierto el mayor desfalco al Estado de los últimos años con el Caso Convenios”, agregó.
El informe de Contraloría señaló que la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana aún no ha rendido un monto de $2.888.393.255. En cuanto a la Subsecretaría de Educación, la cifra asciende a $75.849.011.589. Entre los hallazgos más preocupantes, se identificó que algunos beneficiarios de los fondos han fallecido y que varios sostenedores se traspasaron a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).