El diputado independiente de la región de Antofagasta, Jaime Araya, presentó este viernes un proyecto de ley para obligar al Ministerio Público solicitar arraigo al momento de pedir la formalización de imputados que detenten cargos de elección popular, luego de la comentada fuga de la exalcaldesa Karen Rojo.
La iniciativa fue firmada, además, por la diputada Carolina Marzán (PPD), y los diputados independientes Cristian Tapia, Marta González y René Alinco.
Karen Rojo salió del país horas después de que se rechazó su apelación ante la Corte Suprema y se confirmó la condena efectiva a 5 años y un día de cárcel por delitos de corrupción. Al no tener arraigo nacional, logró tomar un avión de la empresa KLM con rumbo a Países Bajos. Tras la orden de aprehensión y su no ubicación en Chile, la PDI solicitó a Interpol una orden de búsqueda y captura internacional.
“La medida cautelar de arraigo consiste en la prohibición de salir del país, o bien, de la localidad en la cual reside una persona imputada por un determinado delito, y debiera proceder siempre en aquellos casos en que a una persona se le imputen hechos delictivos que afecten la fe pública. Tal es el caso del delito de fraude al fisco, que muchas veces es cometido por personas que detentan cargos de elección popular, lo cual es doblemente reprochable”, explicó el diputado Araya.
El parlamentario autor del proyecto señaló que “esto afecta profundamente el valor de nuestras instituciones democráticas y de sus autoridades, razón por la cual las y los parlamentarios firmantes de la presente moción nos ha llevado a reaccionar en el marco de nuestras atribuciones, a fin de evitar en el futuro situaciones como la descrita”.
Es por ello que se propone una modificación al Código Procesal Penal, en específico donde se consagra la medida cautelar de arraigo.
En concreto, para el caso específico del delito de fraude al fisco establecido en el Código Penal, cuando la persona imputada sea investigada por hechos cometidos siendo ésta una autoridad que detente un cargo de elección popular, la fiscalía tendrá la obligación de solicitar el arraigo, conjuntamente con la solicitud de formalización.
“Lo anterior nos preocupa ya que hay otras ex autoridades que están involucradas en situaciones irregulares en la administración y gestión de fondos municipales, como es el caso, por ejemplo de Vitacura, Las Condes o Maipú, que podrían derivar en responsabilidades penales referentes a recursos públicos”, indicó Jaime Araya.