Este domingo el abogado José Antonio Viera-Gallo, que defenderá a la exministra Marcela Ríos en la acusación constitucional, se refirió al caso y a la polémica generada por los 13 indultos.
“Yo he notado que en la Cámara de Diputados se usa la acusación constitucional por distintos sectores, según como corresponda, más allá de lo que son las causales estrictas de la Carta Fundamental”, sostuvo en Estado Nacional.
“En este caso, no voy a entrar yo en detalles de si se indultó bien, si se indultó mal, aquí lo que importa es si el procedimiento que se usó era conforme a la ley o no“, añadió.
“Todos estos organismos pueden dar dictámenes contradictorios, entonces, aquí se ha producido una especie como de desprolijidad de las instancias para recurrir y yo creo que es muy importante que en el caso de la acusación constitucional, en este caso específico, se debata bien las causales por las cuales procedería, y a mi juicio no existe ninguna causal justificatoria, otra cosa son los debates que ustedes estaban haciendo sobre la procedencia o no de los indultos, eso es otra materia”, aseguró.
Por otro lado, argumentó sus razones para creer que la exministra no ha cruzado la línea de la Constitución.
“La imputación es que los decretos no estarían suficientemente fundados. Leyendo los decretos, están los fundamentos. Ahora, uno puede no compartir esos fundamentos, uno puede considerar que los fundamentos podrían haber sido más extensos conforme a estándares más modernos o más actuales, pero ahí a decir que eso es una ilegalidad, hay un abismo”, declaró.
“Y la otra acusación tiene que ver con los permisos y traslados dentro de Gendarmería, que están todos regulados por leyes internas del Servicio de Gendarmería, que si una ministra interviniera y dijera, ‘a este no lo trasladen, a este otro sí lo pueden trasladar’, ahí sí que estaría violando la ley. Como ella no intervino, no hay ningún acto que se le pueda imputar”, añadió.
“yo distingo totalmente desprolijidades, errores, equivocaciones comunicacionales, etcétera. Lo distingo completamente de lo que son responsabilidades constitucionales por actos ilegales en el desempeño de un cargo. Son cosas completamente distintas. La oposición o un sector de la oposición o algunos diputados de oposición se han extralimitado en lo que ya han hecho”, afirmó el abogado.
“Ya la ministra no está en su cargo, entonces no hay justificación alguna para imputarle responsabilidades que no tiene“, cerró.