Diputados de oposición hicieron criticas al Gobierno asegurando que han aumentando los ingresos por zonas irregulares al país, alertando además de un bajo número de expulsiones de migrantes en situación irregular. materializadas
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Andrés Longton, requirió información oficial a la PDI respecto de las denuncias por ingresos clandestinos y expulsiones materializadas en los últimos años, tareas que son coordinadas y dirigidas por el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Según el parlamentario, los resultados señalaron que, de acuerdo con las denuncias y autodenuncias, los ingresos clandestinos tuvieron un alto flujo el año 2021, y durante 2022 hasta agosto de 2023 se ha mantenido un ingreso similar.
De hecho, con el ritmo actual, este año se estima que más de 50 mil extranjeros ingresarán clandestinamente Chile, lo que significa que la suma de los años 2022 y 2023 será mayor al total de ingresos clandestinos desde 1975 a 2021, con la ley migratoria anterior.
“El gobierno del Presidente Boric nos ha hecho creer que ha logrado avances importantes en materia de control de frontera, sin embargo las cifras demuestran todo lo contrario”, dijo el diputado Longton, quien advirtió que mientras aumentan los ingresos clandestinos, “las expulsiones administrativas materializadas entre 2022 y 2023 llegan a los niveles históricos más bajos”.
“Los últimos 20 meses tienen mayores registros de ingresos ilegales que los 48 meses anteriores, lo que cuestiona la efectividad de las medidas en control migratorio que han sido aplicadas por la actual administración”, agregó el parlamentario.
Por su parte, la senadora por Tarapacá, Luz Ebensperger, señaló que “hay 88 mil ingresos clandestinos registrados en el mismo periodo y solo se ha expulsado a 218 personas de manera administrativa. Esto significa que, si un extranjero ingresa “a la mala”, su probabilidad de ser expulsado es 1 en 500”.
“Esto es especialmente preocupante debido a que se modificaron dos normas legales solicitadas por el gobierno para facilitar y acelerar las expulsiones y pese ello el número se redujo de forma importante, tanto judiciales como administrativa”, agregó la senadora Ebensperger en referencia al aumento del plazo de detención de dos a cinco días para expulsar y la modificación que cambió las formas de notificación presencial para apurar los procesos.