De “inaceptable” calificaron los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, el manejo de las listas de espera en el sistema público de salud.
Esto tras conocer los resultados de un informe de auditoría llevado a cabo por Contraloría General de la República entre los meses de abril de 2022 y marzo de 2023, los cuales revelan una lamentable situación que se generó en el Hospital Sótero Del Río con relación a quienes están en espera de estas intervenciones quirúrgicas de emergencia.
Según explicaron los parlamentarios gremialistas, porque “los resultados obtenidos revelan que cerca de cien cirugías se hicieron en tiempos menores al promedio, beneficiando en estos casos a familiares de varios funcionarios del recinto hospitalario”.
“Lo cual es inaceptable y se agrava aún más teniendo en cuenta la crisis que se experimenta en la red de salud pública por las largas listas de espera”, detallaron.
En razón de estos antecedentes, los legisladores UDI solicitaron a la Contraloría llevar adelante una auditoría a todos los hospitales de la Región Metropolitana tras revelarse que en el Sótero del Río se favoreció a familiares en lista de espera.
Detalles de lo solicitado por los parlamentarios UDI
Son casi 2,7 millones de personas quienes se encuentran esperando para recibir una atención médica, y en muchos casos se trata de pacientes con enfermedades graves, por lo cual es impresentable que algunos funcionarios busquen formas de privilegiar a sus cercanos en desmedro de otras personas.
Sumado a lo anterior, es necesario hacer hincapié en que las conductas reveladas en el informe de auditoría transgreden una serie de disposiciones constitucionales y legales que contienen los principios que deben guiar el espíritu de la función pública.
En concreto, los diputados Alessandri y Ramírez aseguraron que la conducta adoptada por ciertos funcionarios del Hospital Sótero del Río se encuentra dentro de varias de causales que contravienen el principio de probidad administrativa.
Por ejemplo, la de usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña.
Asimismo, hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros; ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales; entre otras.
Por esta razón, finalizaron los gremialistas, esperamos que el órgano contralor adopte las medidas correspondientes para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.