La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este jueves a la polémica en torno al informe de Contraloría por las pensiones de gracia entregadas a personas afectadas en el estallido social.
En el documento revelado se informa la existencia de 58 pensiones de gracia entregadas a individuos que cuentan con antecedentes penales y condenas por “delitos violentos”.
Al respecto, la autoridad señaló que “las pensiones de gracia se otorgan en virtud de un procedimiento que definió la ley de presupuesto el 2021 y se aplicó el 2022 (…) dentro de los requisitos a contemplar no estaba considerada la evaluación de los antecedentes penales”.
“Hoy que están a la vista, el Presidente ha instruido que aquellas personas que tenían antecedentes penales al momento de tener las pensiones de gracia se evalúe uno por uno el caso, dejando a las personas que tienen un daño grave y permanente, mantener el beneficio. En el caso que no tienen este daño permanente, evaluarlo”, declaró.
En la misma línea, la autoridad señaló que se ha instruido para presentar un cambio a la ley en él parlamente, el cual “implique que de ahora en adelante cada vez que se asigna una pensión de gracia se tenga a la vista los antecedentes penales de la persona”.
“Una vez que a esa persona se le haya otorgado una pensión de gracia, si comete un delito de una cierta gravedad, por ley la pierda. Una persona que tiene una gracia presidencial de este tipo, no puede cometer delitos”, declaró.
“El Ejecutivo comparte que era una falencia de este proceso, que no estuvieran a la vista los antecedentes penales, pero no fue una decisión nuestra que así fuera”, añadió.
“De hecho, la falta de antecedentes penales como elemento a considerar es algo que también sucedió en el gobierno anterior y dentro de las pensiones que otorgó el expresidente Piñera también hay personas con antecedentes penales y algunos de ellos, graves”, remarcó.
“Esto es algo que tiene que modificarse a futuro, en el intertanto se van a revisar las pensiones para empezar las del estallido, y se van a revocar aquellas donde no haya un daño permanente y grave y hay antecedentes penales de cuidado que ameritan revisión”, sentenció.
“Apenas el Presidente conoció el tipo de delitos en los cuales tenían participación, algunos de los beneficios tomó una serie de definiciones”, cerró.