Un duro informe emitió este jueves la Contraloría General de la República (CGR) sobre las pensiones de gracia que fueron otorgados a personas afectadas durante el estallido social que inició el 19 de octubre de 2019.
El órgano fiscalizador verificó que de las 419 personas beneficiadas, 58 de ellos tienen antecedentes penales por condenas, ya sea por multa, prisión y reclusión o presidio, incluyendo delitos violentos.
De hecho, indicó en su informe que varios que reciben a pensión de gracia “tienen más de 10 condenas por diversos delitos penales”.
Asimismo, precisó que entre los delitos que advierten son: “Estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.
No presentaron antecedentes médicos
Por otro lado, la CGR constató que 10 de las personas con pensión de gracia, de 144 que se revisaron, “no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos no permiten acreditar el relato del postulante”.
Lo anterior, según Contraloría, da cuenta que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) “no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima para verificar los hechos relatados, situación que resulta relevante”.
Junto a esto, indicó que el Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior, “tampoco efectuó una verificación adicional de la información que remite en cada expediente ese Instituto”.
Debido a estas graves falencias detectadas, la CGR exigió a la Subsecretaría del Interior un informe que “contenga el detalle de los decretos exentos pendientes y entregados, así como copia de las actas de entrega faltantes, en un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este documento”.
Recordemos que el beneficio de pensión de gracia corresponde a un monto de dinero que se calcula en ingresos mínimos no remuneraciones y su otorgamiento es una atribución especial del Presidente de la República