La ministra del Interior, Carolina Tohá, estableció un criterio para funcionarios de gobierno. Así, cualquier personero que se formalizado deberá dejar su cargo. El anuncio fue criticado por la oposición, desde donde apuntan a la investigación contra jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.
La diputada Karen Medina (PDG) indicó que “si bien me parece de toda lógica lo que anuncia la ministra Tohá, esto debiera ser una materia de ley. Una materia que abarque al menos a todos aquellos funcionarios de servicios dependientes del Estado“.
“Preocupa también tremendamente que esto dependa del Poder Judicial. Muchas veces sabemos que esto no funciona con la celeridad que nos gustaría. Por ende, pudiera traducirse en demandas de aquellas personas que después de un proceso investigativo, resulten inocentes y que vean dañados su imagen, su nombre y su honra. Y esto vendría a perjudicar, por supuesto, a todas aquellas personas”, argumentó.
“Creo que es una buena idea, pero hay que darle vuelta y debe ser en materia de ley“, cerró la parlamentaria.
Oposición cuestiona criterio para funcinarios de gobierno formalizados
Por su parte, el diputado Jorge Durán (RN) sostuvo que “este criterio que ya fijó la ministra del Interior para funcionarios del Gobierno en caso de formalización no es lo adecuado“.
“A mi juicio creo que lo más oportuno es que el Presidente tome decisiones claras a favor del país, y le pida de una vez por toda la renuncia a Miguel Crispi e incluso, a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Y así, realiza una limpieza en su gabinete”, añadió.
En tanto, su par Jorge Guzmán (Evópoli), le dejó un recado a la seretaria de Estado: “no se vaya a pisar la cola, ministra. Muchos de los que han declarado en las causas de corrupción están en calidad de imputados y prontamente podrían estar formalizados”.
Mientras, Stephan Schubert (Ind-Republicano) indicó que, “el problema, en primer lugar, es que esa política se las comunica a través de la prensa. Y, en segundo término, esa política no hace distinción respecto al delito ni al grado de compromiso reconocido por el propio sujeto que está siendo investigado. Esto es relevante, porque en el caso de el exdirector general de la PDI era un delito grave el cual él reconocía haber hecho los actos que se le estaban imputando. No así en el caso del director general de Carabineros”.
“Esas distinciones son relevantes cuando tenemos que reconocer el principio de inocencia que solo se quiebra con una sentencia. Es decir, la formalización no es suficiente. Aquí falta claridad y hacer distinciones que son relevantes. Además de haberlo comunicado personalmente a cada uno de los involucrados”.