El Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que impone nuevos estándares de seguridad para las concesionarias de autopistas, con el objetivo de prevenir delitos como apedreos, encerronas y abordajes.
La iniciativa, presentada por el senador Iván Flores, busca mejorar la seguridad vial en respuesta a la creciente preocupación ciudadana.
Nuevas reglas para concesionarias de obras públicas viales
El proyecto establece que las concesionarias de obras públicas viales deberán garantizar que las autopistas operen en condiciones de seguridad óptimas para los usuarios. Esto incluye la adopción de medidas de vigilancia, seguridad y asistencia, que deberán ser contempladas en las bases de licitación de los contratos.
“No sirven de nada las cámaras si no están interconectadas y en tiempo real, única forma de poder perseguir a los responsables de accidentes y delitos”, comentó el senador Iván Flores, presidente de la comisión de Seguridad y uno de los autores del proyecto.
Además, se establece que las concesionarias deberán permitir el acceso directo a la información y a las imágenes registradas por las cámaras, al Ministerio Público en el marco de una investigación y a las policías en caso de flagrancia, sin necesidad de requerimiento previo.
Asimismo, esta medida busca facilitar la persecución de los delitos y mejorar la respuesta ante emergencias en las autopistas.
Modificación del Senado a contratos vigentes en un plazo de cinco años
El proyecto también incluye una disposición transitoria que obliga al Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ministerio del Interior, a realizar las modificaciones necesarias en los contratos de concesión de obras públicas viales vigentes que no cuenten con medidas de seguridad.
Estas modificaciones deberán completarse en un plazo máximo de cinco años, asegurando que todas las autopistas del país cumplan con las nuevas exigencias de vigilancia, seguridad y asistencia.
Tras su aprobación unánime en el Senado, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional, como parte de la agenda priorizada de seguridad impulsada por el Gobierno.