Este lunes, parlamentarios del partido Demócratas presentaron un proyecto para modificar la ley que regula las penas sustitutivas de libertad, con el objetivo de restringir el acceso a plataformas digitales a personas que se encuentren bajo arresto domiciliario.
Esta propuesta surge tras los casos de Camila Polizzi y Cathy Barriga, quienes, pese a estar bajo esta medida cautelar, continúan generando ingresos significativos a través de la venta de contenido para adultos.
Argumentos de los diputados y casos Polizzi – Barriga
Los diputados explicaron que la reclusión parcial es una medida cautelar que tiene como fin garantizar la presencia del imputado en el proceso judicial, sin recurrir a la privación total de libertad.
Sin embargo, señalaron que esta medida se ve vulnerada cuando los imputados utilizan plataformas digitales para desarrollar actividades económicas, lo que sería incompatible con la restricción de libertades que implica el arresto domiciliario.
“Resulta incoherente que, mientras se restringe el acceso a tecnologías a condenados en cárceles comunes, los imputados con medidas cautelares puedan beneficiarse de actividades lucrativas a través de redes sociales”, indicaron los parlamentarios.
Modificación de la ley N°18.216: arresto domiciliario
Con esta propuesta, los legisladores buscan modificar la Ley N°18.216 para impedir que los imputados bajo reclusión parcial domiciliaria utilicen libremente las redes sociales, ya sea para generar ingresos o para afectar el desarrollo de la investigación penal.
El proyecto persigue endurecer el control sobre el uso de tecnologías de la información por parte de quienes se encuentran en arresto domiciliario, estableciendo restricciones similares a las que enfrentan los reclusos en centros penitenciarios.
