Un informe de la Contraloría General de la República reveló que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica. Este hallazgo ha generado un amplio repudio ciudadano y político, abriendo un debate sobre la integridad del sistema de salud y la ética del servicio público.
Durante una entrevista con Radio Agricultura, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) calificó los hechos como un “fraude de más de 300 millones de dólares” que compromete la legitimidad de una herramienta social crucial. Romero enfatizó que estos abusos afectan tanto al sistema público como al privado, y exigió sanciones administrativas y penales para los involucrados, incluyendo la destitución inmediata de los responsables.
Por su parte, el senador Juan Luis Castro (Partido Socialista) señaló que este escándalo representa un “engaño ciudadano y financiero” sin precedentes y propuso una serie de medidas legislativas para reforzar el control sobre la emisión de licencias médicas. Entre ellas, destaca la fiscalización a los médicos “altos emisores”, límites diarios de emisión, y mayor control por parte de FONASA y la Superintendencia de Seguridad Social.
Ambos parlamentarios coincidieron en la necesidad urgente de reformar el sistema de licencias médicas, fortalecer los mecanismos de fiscalización y sancionar ejemplarmente a quienes se aprovechan del sistema, ya sean funcionarios, médicos o autoridades.
El gobierno y las instituciones implicadas deberán ahora actuar con celeridad para restaurar la confianza ciudadana y proteger los recursos públicos de futuros fraudes.
